Con el ambiente preelectoral activo, es común escuchar a los precandidatos forjar un análisis sobre el contexto económico a causa del COVID-19. Sobre este marco, proponen soluciones que pretenden reestructurar el aparato socioeconómico y financiero del país, como si la pandemia fuese el eje de la crisis económica.

Recordemos que en el Ecuador, recién el 29 de febrero de 2020 se anunció el primer caso de la nueva cepa del coronavirus, tratándose de una mujer de 70 años que se contagió en España y que al momento de su entrada a Guayaquil, el día 14 de febrero, no presentaba ningún síntoma. No obstante, si analizamos las cifras macroeconómicas, nos damos cuenta de que las calamidades que sufrimos tienen una fecha bastante anterior al 29 de febrero de 2020. Por ejemplo, a partir del 2014 los índices de desigualdad y de pobreza empiezan un incremento, el cual en determinado momento trata de ser maquillado en las cifras presentadas. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en el interior de una nación, ha aumentado de 0,467 en diciembre del 2014 a 0,473 en diciembre del 2019. Por su parte, la incidencia de la pobreza y pobreza extrema muestra un aumento en sus tasas, pasando del 22,5 % en el 2014 al 25 % en el 2019 la primera; y del 7,7 % al 8,9 % en el mismo periodo la segunda.

Como nos podemos percatar, desde hace mucho tiempo el país presenta graves problemas de inversión y por ende de liquidez económica. Estos problemas que no habían sido solucionados solo se agravan aún más con el COVID-19.

Citando otras cifras, podemos observar que el Ecuador se encontraba en un proceso de consolidación fiscal antes de la llegada de la pandemia, y en este sentido el balance fiscal del Sector Público no Financiero había descendido durante los últimos tres años desde un menos 8,2 % en el año 2016 hasta un menos 2,8 % en el año 2019. A partir de la firma del nuevo acuerdo con el FMI se esperaba que el nivel de deuda comenzara a caer a partir del 2021 y se ubicara por debajo del límite legal de 40 % a partir de 2024, produciendo un alivio en la liquidez del sector estatal. No obstante, este panorama cambió pues con la crisis sanitaria, social y económica el país necesitó una inversión de cerca de 13 000 millones para solo cubrir el déficit fiscal proyectado hasta el final del 2020, correspondiente a cerca del 7 % del PIB. Pero estos no son todos los males, pues el que debería ser el principal motor para dejar de ser un país netamente exportador de petróleo, el aparato productivo, perdió cerca de $7000 millones en el primer mes de confinamiento. Ante esta realidad, la Cámara de Industrias y Producción estima que la economía podría perder hasta el 30 % de las ventas y alcanzar un incremento de más de 750 000 personas desempleadas sobre los niveles actuales.

Cualesquier candidato que pretenda un cargo público debe trasladar esta realidad al entorno provincial para una candidatura seccional, y profundizar aún más estas cifras si aspira a un cargo nacional. Producto de este análisis se debe elaborar un plan financiero, que no solo exponga las soluciones, sino la metodología para lograrlo. (O)