El Estado, con sus problemas de capacidad y gobernanza, se ha visto superado ante la necesidad de acelerar la transformación de nuestra economía hacia el crecimiento sostenido y equitativo que reclama la sociedad. Es el sector privado el llamado a acelerar la despolitización de la economía para estimular un crecimiento económico que reconfigure las estructuras sociales en torno a un sistema productivo inclusivo.

Una productividad inclusiva implica identificar habilitadores que aceleren la industrialización sostenible, la innovación y el mejoramiento continuo de la infraestructura del sistema productivo con un enfoque de derechos humanos, centrado en la igualdad de oportunidades y la reducción de la desigualdad social. Habilitadores donde la convergencia de industrias estratégicas marcarían la eficacia de esta transformación social. Dos frentes exigen planes de acción inmediatos: la inclusión digital y la financiera.

Hoy vivimos la urgencia de considerar el acceso digital una necesidad esencial, un servicio público, un derecho habilitador de otros derechos fundamentales. Es un imperativo para nuestra economía llevar el servicio de internet hacia niveles de total acceso, que garantice el principio de igualdad a costo cero, que garantice el principio de gratuidad. La regulación del internet debe ser tan veloz e inteligente como lo es el desarrollo tecnológico. La industria de telecomunicaciones tiene la oportunidad y responsabilidad de acelerar una agenda digital progresiva, que supere los tiempos del Estado, para regular la conectividad digital en torno a un servicio de internet libre, abierto, seguro e incluyente.

La liquidez y confianza para generar alivios financieros durante la crisis económica por la que atravesamos ha reflejado la importancia de la banca para sostener el sistema productivo en sus mínimos niveles. Llevar a la industria bancaria a niveles más ambiciosos en su propósito como sector exige integrar la banca comercial con la banca de desarrollo para acelerar una agenda común de innovación financiera incluyente, donde las pymes y emprendimientos tengan un tratamiento diferenciado y flexible en su acceso al crédito, los valores de garantía correspondientes, las tasas de interés y sus plazos. La banca tiene el desafío de transformar su valor como industria potencializando el financiamiento productivo, a través del justo equilibrio entre innovación y regulación.

Dos frentes que a su vez requieren un plan de educación para desarrollar capacidades digitales y conocimiento sobre financiamiento productivo, con especial énfasis en las pymes, tanto urbanas como rurales, así como en los grupos más vulnerables de la población. El acompañamiento de una gobernanza multisectorial garantizaría evaluar factores de éxito en torno a la inclusión, transparencia, legitimidad y efectividad. La productividad inclusiva constituiría un nuevo estándar de desempeño económico, donde la equidad y no discriminación potencializa la innovación en torno a empleos de calidad e inversión, reduciendo progresivamente la informalidad en nuestra economía y la desigualdad en la sociedad. (O)