El Gobierno gestiona cambiar las condiciones de pago de la deuda en bonos ecuatorianos, que vencen entre 2022 y 2030, para intentar una recuperación económica con enfoque de equidad social en el contexto de la pandemia del COVID-19. En torno a su propuesta, ha informado que cuenta con la aceptación favorable de un importante grupo de tenedores de bonos.

Sin embargo, el pasado miércoles bonistas minoritarios buscaron bloquear el proceso de renegociación de la deuda soberana por $17 375 millones, por considerarlo “coercitivo en extremo”. Para el efecto, Contrarian Capital Management y GMO demandaron al Ecuador ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que la defensa de Ecuador ante la Corte de Nueva York exhibió argumentos sólidos, en lo legal y lo técnico, para demostrar que los demandantes no tenían fundamentos para su reclamo.

El viernes, una jueza de esa corte se pronunció a favor de Ecuador al desestimar la demanda. El ministro Martínez lo significó como un gran paso en el proceso de renegociación, y dijo que se continuará buscando el respaldo mayoritario de los bonistas, ante el diferimiento para mañana lunes del cierre de la votación que estaba prevista para el viernes.

El país entero debe comprender la importancia que reviste la actual negociación para nuestro presente y futuro cercano, pues en caso de concretarse el consentimiento en los términos planteados, se estaría liberando una importante presión en cuanto al pago de deuda.

El ‘no pago’ de los bonos, sugerido desde algunos sectores, no es una opción saludable para un país que necesita obtener financiamiento, en medio de la crisis económica, sanitaria y humanitaria sin precedentes que afronta. Se le cerrarían muchas puertas, incluyendo la posibilidad de nuevas emisiones de bonos.

Hacemos bien en actuar con apego a las buenas prácticas internacionales, decisión que será apreciada por los bonistas al votar por la propuesta de Ecuador. (O)