Considerando la pérdida de empleos y de ingresos en el contexto de la pandemia, representa un alivio para la población la decisión adoptada por el Gobierno respecto de que el Estado asuma el exceso de consumo de energía eléctrica en los hogares ecuatorianos entre marzo y agosto del 2020, luego de que hubiera muchos reclamos por excesivos valores facturados.

Durante los meses de confinamiento total no se tomó la lectura de los medidores de manera presencial. Para facturar el consumo de energía eléctrica, que indudablemente se incrementó por la obligatoriedad de permanecer en casa, las empresas proveedoras realizaron cálculos que en muchos casos reflejaban valores exorbitantes, lo que solamente podría deberse a un error.

Valorar caso por caso habría tomado demasiado tiempo y los pagos pendientes se continuarían acumulando. Con acierto se ha dispuesto que el proceso de refacturación de marzo a agosto del presente año sea automático, sin mediar trámite alguno por parte de la ciudadanía, y con base en el consumo que se registró en igual periodo del año 2019.

El consumo incrementado en los hogares, estimado en $64 millones, será asumido por el Estado a través de las empresas eléctricas del país, que deben reajustar su presupuesto.

En las facturas de agosto, que serán emitidas en septiembre, se podrá verificar la compensación, que alcanza al menos a cuatro millones de usuarios que consumen hasta 500 kWh por mes. Para usuarios comerciales que hayan disminuido el 60 % de su consumo habitual, habrá un beneficio de reducción del 50 % del valor.

Al ser la energía eléctrica un elemento casi imprescindible en la cotidianidad, se deben tomar las previsiones necesarias en cuanto a establecer protocolos que eviten que vuelva a darse una situación similar.

Las empresas eléctricas pudieran reemplazar los medidores analógicos con medidores digitales, que proporcionan información actualizada y son mucho más eficientes. (O)