La exigencia de reducir el gasto público se ha venido reclamando con anterioridad a que la emergencia sanitaria por el COVID-19 complicara de manera dramática nuestra calamitosa situación económica.

Finalmente, el Gobierno ha empezado a dar pasos en esa dirección con la intención de recortar gastos por $4000 millones: $1300 millones por reestructuración de deuda externa, $1300 millones de inversión, $400 millones de bienes y servicios y $980 millones se reducirán de la masa salarial mediante la disminución de la jornada laboral a seis horas y la eliminación de empresas y ministerios.

El presidente Lenín Moreno anunció ayer, en cadena nacional, siete medidas económicas que se tomarán en el contexto de la crisis sanitaria, entre las que se destacan la renegociación de la deuda externa, la promoción de créditos locales, el ajuste y reducción del servicio diplomático en el exterior y la reducción del tamaño del Estado, que comprende la fusión y cierre de varias empresas públicas: Ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento.

No es novedad que la crisis económica golpea en casi todas las direcciones, en lo privado y en lo público, como tampoco lo es que ante las medidas que se van adoptando surjan conformes e inconformes, pero no se puede obviar que la ineficiencia en la administración de los recursos públicos ha sido una constante durante décadas. Por ejemplo, en el caso de Tame, el Gobierno ha decidido liquidarla después de acumular pérdidas por $400 millones en los últimos cinco años. Con 5 aviones operativos y 950 empleados, cada mes la línea de bandera nacional necesita $1,13 millones para cancelar sueldos.

Las medidas anunciadas pretenden cubrir los flancos que habían sido tomados por una aparente y voraz anomia. El proceso deberá seguirse de manera rigurosa, cuidando que los cambios no sean aprovechados para que lo malo sea reemplazado por algo peor. (O)