Creemos que las municipalidades del país, ¡hacen bien! Una propuesta gubernamental sin datos certeros, sin niveles de convencimiento, sin crédito…, no es fundamento para que en medio de la pandemia y de un confinamiento ciudadano que nos ha costado mucho, se levanten inconsulta y parcialmente las “medidas de restricción”.
En muchas ocasiones el presidente Lenín Moreno convocaba a los alcaldes del país para ofrecerles apoyo y consultarles específicos temas. En esta ocasión, la regulación, siendo absolutamente legal, ha sido unilateral y apresurada. El presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), ha pedido al Gobierno Central, al igual que lo han hecho independientemente los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, como requisito, la cancelación de las transferencias que adeuda, y que sumado los meses de marzo y abril, alcanza los $340 millones, esto “con el objeto de enfrentar con solvencia la emergencia por el COVID-19, y para asumir la responsabilidad política de lo que pase en cada cantón, tal como lo ha dispuesto el Comité de Operaciones de Emergencia”.
Los municipios (GAD), en el marco de sus posibilidades, han enfrentado esta crisis a sabiendas de que no es de su total competencia y responsabilidad. Digámoslo con honestidad, unos ¡bien! y otros ¡muy bien!, han sobrellevado tareas complejas como el control de la movilidad, manejo de los mercados, recolección de desechos sólidos, dotación de los servicios de infraestructura sanitaria básica, entrega de víveres, desinfección de calles, y zonas públicas, asistencia al personal militar y policial, etc.; asumiendo el latente peligro de caer infectados, como ha sucedido, pues 18 alcaldes sufrieron contagio del COVID-19 y más de 100 funcionarios municipales en el país han fallecido. Son los ministerios de Salud Pública; de Inclusión Económica y Social; del Ambiente; de Defensa; de Economía y Finanzas; de Educación; de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; de Telecomunicaciones…, incluso el de Desarrollo Urbano y Vivienda, los que debían y deberían estar al frente de la pandemia, en todo el país.
Ahora, las municipalidades, por decreto asumen sobre sus hombros, otra grave y dura carga: “determinar el color del semáforo para sus jurisdicciones cantonales”, que no es otra cosa que relevar de responsabilidades al Gobierno Central, cogiendo la pelolita; pues de ocasionarse recidivas o rebrotes, como parece va a suceder, la culpa y el costo político recaerán sobre los alcaldes. En otras palabras, todos los empeños y los trabajos realizados quedarán supeditados a la voluntad de la población de someterse o no a los dictámenes de los gobiernos locales. O sea: “tanto nadar..., para morir en la orilla”. Por lo pronto, el rojo carmesí escarlata del semáforo, quedará prendido hasta que por lo menos se efectivicen las transferencias. Esta parece ser una decisión de consenso entre los 221 municipios de país, al que de seguro se sumará el Conagopare (Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales y Rurales del Ecuador; y el Congope (Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador), que a diferencia de las municipalidades, no han tenido mayor protagonismo en estos eventos críticos sanitarios. En resumen, pasaremos unas semanas más en compás de espera de las decisiones nacionales y locales, cuanto de las morbosas estadísticas que al momento acusan superlativas diferencias entre las oficiales…, y las de carne y hueso. (O)
Manuel Eugenio Morocho Quinteros, arquitecto, Azogues