Por: Jaime Varela

La industria petrolera mundial ha sufrido la mayor crisis de su historia al llegar el petróleo a precios bajo 0 por primera vez en su historia, en lo que podríamos describir como una tormenta perfecta. Ello porque cuatro factores claves se han reunido simultáneamente: una baja demanda, un exceso de oferta, un déficit de almacenamiento y el cierre de los contratos a futuro.

Si bien es un hecho cíclico consustancial al petróleo, ello se da en una industria esencial para la economía global y el cual jamás se había presentado bajo esas características y con un precio bajo cero. Ahora bien, esta situación tampoco fue una sorpresa total, salvo el precio bajo cero, dado que con anterioridad a la crisis sanitaria que vive el mundo, ya venía una lenta pero paulatina caída de la demanda junto a una oferta excesiva de crudo en el mercado. Esta situación está cambiando lentamente con los días, pero no está claro aún su alcance y profundidad, en tanto los aviones sigan en tierra y los vehículos detenidos debido a la crisis sanitaria que vive el mundo.

La OPEP y los países productores han logrado un recorte de producción del orden de 10 millones de barriles por día, el cual se está materializando, pero aún es prematuro pronosticar si dicho recorte será suficiente o no para el bajo nivel actual de la demanda.

En este escenario no tiene sentido alguno especular con niveles de precios que pudiera alcanzar el crudo. Debemos sí tener presente que el negocio petrolero es de largo plazo y es la base y sustento de la economía global, dado que su infraestructura descansa precisamente en la energía convencional, esto es petróleo y gas natural. Dicha infraestructura tiene un valor inconmensurable y por tanto no se puede sustituir por energías renovables, dado que el sol no alumbra de noche y el viento no siempre sopla. La demanda de energía requiere de la energía convencional y de las energías renovables en un escenario energético normal.

En el escenario que hemos descrito a raíz de la crisis, en el futuro los países productores se verán enfrentados a la disyuntiva de operar primordialmente con empresas estatales o con empresas privadas nacionales y/o extranjeras, situación que históricamente la mayoría de los países productores lo han enfocado bajo un prisma de soberanía en lugar de economía, generalmente con resultados más bien adversos que han afectado incluso la institucionalidad, por los niveles de corrupción que se han dado en situaciones generalmente no aisladas. El resultado de la operación de los campos por empresas estatales, no solo ha resultado en aspectos negativos financieramente sino operacionalmente, dado que no ha existido el mantenimiento adecuado para campos que por su antigüedad requieren de una operación técnica más sofisticada y que han terminado siendo operados por personal sin la adecuada formación técnica que ello requiere. El caso más ejemplar es el de Petróleos de Venezuela (PdVSA), que habiendo sido una las empresas petroleras más eficientes y mejor operadas hasta enero de 1999, hoy es una sombra de lo que fue y ha sido literalmente destruida por el régimen chavista los últimos 21 años.

Ese tipo de situaciones se ha producido no solo por una interferencia política en la industria sino además por un marco constitucional y legal de la misma que restringía la operación de las empresas privadas y ello continuará ocurriendo en tanto no se modifique dicho marco constitucional y legal, en particular ante el futuro que se avecina para la industria a raíz de la profunda crisis que aqueja a la industria petrolera y que, si bien es cíclica, en esta ocasión traerá cambios más profundos cuyo impacto es prematuro y aventurado predecir.

En el futuro será más relevante, de lo que ha sido hasta ahora, la existencia de un marco constitucional y legal lo suficientemente conveniente para atraer a inversionistas en un ambiente de alta volatilidad como la actual y con menores inversionistas dispuestos a ser discriminados localmente por un marco regulatorio poco atractivo, unido a la existencia de sistemas judiciales poco transparentes, que terminan alejando a los inversionistas y afectando el ingreso fiscal de los países productores. Este fenómeno es muy característico lamentablemente en América Latina, muchos de cuyos países han sido llevados ante cortes internacionales dada la falta de garantías judiciales locales a raíz de fallos judiciales cuestionables, por decir lo menos.

La actual crisis de la industria petrolera es un buen momento para que los países productores puedan repensar su modelo regulatorio y así atraer inversión extranjera dada la crisis que atraviesa la industria, la cual por cierto no se solucionará en el corto ni mediano plazo, afectando a aquellos países que no hagan los cambios necesarios para atraer inversión. (O)