Para muchísimas familias es un acariciado anhelo que los hijos estudien una carrera universitaria, y se lo fija como una meta social, a veces descuidando sopesar habilidades, destrezas, vocación, oportunidad laboral, etcétera.

Cuando ingresé a la Universidad de Guayaquil en mi salón había tanta gente que, aparte de las 50 bancas ocupadas, al menos los primeros días hubo una veintena de estudiantes escuchando clases de pie hasta que se organizaran profesores y horarios para la apertura de un paralelo adicional a los cinco que ya había para primer año. Al final del ciclo había desertado una quinta parte de los alumnos. Y ni qué decir del número que finalmente nos graduamos. Y ya siendo profesionales, ni la mitad tuvo oportunidad de ejercer.

Sin embargo, el libre ingreso a la universidad y la gratuidad de la educación hizo posible incrementar el acceso de grupos históricamente excluidos a la educación de tercer nivel.

Debido al alto número de deserciones y pérdidas de año, con el correspondiente desperdicio de recursos, hace 7 años, en el correato, se instituyó la prueba que evalúa a los bachilleres y que cumple dos funciones: es una parte de la nota de grado del estudiante y dependiendo del puntaje obtenido y los cupos disponibles, le permite el acceso a los centros públicos de educación superior.

Pero la prueba Ser Bachiller se ha vuelto una pesadilla para medio Ecuador, tanto para los estudiantes y sus familiares como para educadores y las autoridades del Gobierno.

Se ha argumentado que no es justo ni equitativo que una misma prueba evalúe tanto a un estudiante de una zona rural como a otro de la ciudad, ni para uno de colegio público y otro de colegio privado, porque el nivel educativo no es el mismo.

Entonces, la prueba ha servido para exponer que el sistema de educación nacional es, por decir lo menos, desigual. Sabiendo eso, debería servir para remediar las falencias del sistema educativo, si no es mucho pedir.

Este año, a 257 000 estudiantes de la Costa (de estos, 117 000 son graduados de años anteriores que vuelven a dar el examen para mejorar la puntuación) les correspondió enfrentarse a un nuevo modelo de la prueba Ser Bachiller para evaluarlos “con el currículo vigente” según declaró a este Diario Edwin Palma, a quien el pasado miércoles el presidente Lenín Moreno, ante la filtración de la prueba, pidió separarse del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), institución creada en el 2012 para la evaluación interna y externa del Sistema Nacional de Educación en Ecuador.

Los colegios privados agrupados en Corpeducar, así como Fedepal, proponen que se deje insubsistente la prueba para que los colegios tengan nuevamente la autonomía de tomar los exámenes de grado y que las universidades tomen su propio examen de ingreso.

Estoy de acuerdo con ese planteamiento, siempre que de forma urgente se creen, con base en la demanda, suficientes institutos tecnológicos que permitan a los bachilleres seguir oficios certificados o carreras intermedias: para ello se puede establecer alianzas con municipios y la empresa privada.

El art. 28 de la Constitución del Ecuador señala: “Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. (…) La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive”. Aunque la obligación del Estado llega hasta el bachillerato, bien podría incentivar el acceso al crédito educativo, pues no hay que olvidar a aquellos que vuelven a dar la prueba porque quieren estudiar, pero no consiguen cupo. (O)