Difícilmente existirá otro caso similar como el ocurrido con la terna presidencial para designación, por el CPCCS-t, de Ruth Arregui como superintendenta de Bancos.

Inicialmente, el CPCCS-t modificó su mandato reglamentario, eliminando las normas que impedían su designación. Posteriormente, la terna enviada por el Ejecutivo le fue, inusualmente, devuelta por dos oportunidades. El presidente asumió el desaire que aquello representó e insistió, por dos ocasiones más, postulando a la señora Arregui para el cargo. Una posición tan radical obedecería a la voluntad presidencial de ejercer su atribución constitucional y la absoluta confianza en las capacidades de su nominada, como la más adecuada para esas funciones. En la tercera nominación resultó designada.

Estos entretelones, respecto a la designación de la superintendenta nos llevaron a examinar los méritos que respaldaron la confianza presidencial. Es una funcionaria, burócrata de carrera, de indiscutible prestancia en los organismos financieros y monetarios de control. Integró la misma Superintendencia de Bancos durante muchos años, como intendente general y de Instituciones Financieras. Además, fue gerente del Banco Central. Exhibe una distinguida carrera profesional y académica nacional e internacional. Un bagaje de conocimientos y de ejecutorias técnicas que, día a día, justifican plenamente la insistencia presidencial.

La Superintendencia de Bancos ha sido una isla autónoma de la función pública, en lo teórico. En lo práctico, históricamente, ha sido un apéndice obediente del Ejecutivo, cuya función de control de entes financieros ha sido, en ocasiones, relegada y reemplazada por la persecución política por parte de superintendentes que obedecían ciegamente consignas gubernamentales como mecanismo de presión o venganza de gobernantes arbitrarios, liquidando ilegalmente bancos, encarcelando a sus administradores, responsabilizándolos de pérdidas inexistentes, festinando y despojando a sus accionistas de sus activos ocasionándoles pérdidas aún no reparadas. Finalmente, la justicia, los balances y el tiempo así lo han demostrado.

La nueva superintendenta afronta el desafío de la preterida modernización y socialización de la banca moderna para lo cual solicita la colaboración de la ciudadanía. Sus declaraciones así lo evidencian: establecer su marco legal y regulatorio; una supervisión financiera eficaz y efectiva; y, la implantación de sistemas financieros inclusivos.

Como primera y fundamental tarea deberá recuperar su autonomía pérdida. Para que las reformas legales financieras, archivadas por la Asamblea Nacional, sean aceptadas, deberá acreditar fundamentalmente su liderazgo institucional, sometiendo a la burocracia envolvente; desprenderse del comprensible espíritu de cuerpo laboral que pueda embargarla; que aquello no sea obstáculo para obrar con todo rigor, respondiendo a la confianza depositada en ella por Carondelet y la ciudadanía. Demostrar que como máxima autoridad no solo manda sino que también gobierna.

El control a las actuaciones de los liquidadores de la banca cerrada fue un espejismo. Su jurisdicción coactiva ha sido, abusivamente, aprovechada por ciertos funcionarios y abogados inmorales para enriquecerse.

La evaluación del personal de la Superintendencia es imperativa. Existen probos y honestos, pero es imprescindible una auditoria independientemente por parte de la Controlaría; un examen integral de las declaraciones patrimoniales de sus funcionarios y abogados, retroactivamente, para proceder a su evaluación y selección. Todo esto, sin olvidar la remoción de los deshonestos de casa. (O)