Ecuador se está pareciendo a la bíblica Torre de Babel. De repente, cada tribu habla su propia lengua y nadie se entiende.

La política tiene una lógica de confrontación, pero no puede mantenerse por siempre así. Tarde o temprano el debate de ideas tiene que alcanzar acuerdos que satisfagan el interés general.

Pero esa capacidad de lograr acuerdos, que es parte fundamental del juego democrático, parece estar anulada. Todos quieren imponer sus opiniones desde una posición de fuerza y nadie quiere ceder. En consecuencia, el país ante una crisis, en diferentes ordenes, se enfrenta a un callejón sin salida.

La clarinada del levantamiento indígena no ha servido de voz de alerta para que la clase dirigente se empeñe en buscar soluciones ante la deriva sin rumbo cierto.

Después de esta vivencia trágica, la sociedad ecuatoriana sigue mirándose absorta en un espejo donde se multiplican las imágenes de violencia y vandalismo en naciones hermanas como Chile y Bolivia. Y se cuestiona angustiada a dónde irá a parar esta revolución de las masas del anarquismo y la sinrazón.

La paz social en nuestros países se ha vuelto frágil y, en consecuencia, la política pública tiene que concentrarse en brindar soluciones de desarrollo económico y bienestar social, al menos como una promesa esperanzadora y creíble.

Esta reflexión se enmarca en el rechazo de la Asamblea Nacional al proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que ha obligado al Ejecutivo a reemplazarlo por otro, asimismo con carácter económico urgente, denominado Ley de Optimización Tributaria.

Después del traspié al promulgar el Decreto 883, sobrevino otro paso en falso con el envío de una propuesta que contenía 404 artículos y reformaba 22 cuerpos legales. Dio la impresión que se reeditaba la forma de legislar a trompicones del correísmo; pero el actual Congreso no es el mismo del rebaño de corderos alzamanos.

Los escenarios de su vigencia por ministerio de la Ley o el archivo, ambos eran negativos; este último menos que el primero que representaba un desafío temerario a los movimientos sociales.

Ahora el Gobierno tiene una segunda oportunidad para un nuevo intento, presentando un proyecto acotado que prioriza, sin tapujos, el contenido tributario.

Hizo bien el presidente Moreno en convocar a los jefes de los bloques parlamentarios para explicarles la necesidad del proyecto; el desafío de la Asamblea será depurar la Ley acogiendo sus aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, IR, depurando aquellos negativos como el aumento al pago de dividendos de inversionistas extranjeros, entre otros.

El efecto colateral del archivo de la Ley Crecimiento Económico fue que el riesgo país se incrementó de 800 a más de 1400 puntos, lo que significa que el nuevo endeudamiento público o privado será más costoso. El Estado solo podrá conseguir financiamiento a 13 o 14 % anual, mientras los particulares que lo obtenían a 4,5% tendrán que cancelar 7,5 %. El costo para el país es muy alto.

Hay una posición polarizada entre quienes rechazan nuevos impuestos por la deficiente calidad del gasto público, y otros que con resignación están dispuestos a un aporte adicional para que el país salga adelante, evitando el riesgo de un colapso económico.

El llamado es a impedir un nuevo bloqueo y alcanzar un acuerdo político, aunque no satisfaga plenamente a todos. Va a ser lo mejor para proyectar la imagen de un país capaz de encontrar salidas luego de la “década perdida” que lo mantiene quebrado. (O)