Rafael Correa acusa a la fiscal general y al presidente Moreno de perseguirlo penalmente durante dos años consecutivos mediante un linchamiento mediático, calumniándolo y acusándolo de no haber administrado honradamente el patrimonio público, con el objetivo de impedirle su retorno al país, para electoralmente recuperar la patria que dejó desvalijada y corrompida. Con esta afirmación pretende, autocalificándose de perseguido, además de explotar la conmiseración ciudadana, justificar su diaria labor exculpatoria anunciando su programado regreso al país.

Las evidencias de la corruptela dirigida desde el despacho presidencial diariamente ya no causan asombro y, a pesar de que sistemáticamente en la Fiscalía es negada por sus amnésicos participantes, los cuadernos y las facturas probatorias contenidas en las computadoras presidenciales, una vez que haya operado la debida comprobación del SRI y la UAFE, entre los que cobran, los que pagan y los que las ordenaron, surgirá incontrastablemente el rosario de delitos materia de sus sindicaciones, asociación para delinquir, peculado, soborno, etcétera.

A pesar de ser sindicado en varios procesos penales, por todos los delitos de abuso de fondos del Estado que puedan existir, de tener en su contra órdenes de prisión, y de haberse fehacientemente comprobado su responsabilidad, sus sentencias no podrán ser expedidas ni se ejecutoriarán, porque estando prófugo, su evasión mientras subsista está premiada por la ley penal con la paralización del proceso y la mora de la sentencia.

Además, aprovechando el deliberado vacío legal en la expedición, el 2009, del Código de la Democracia por la Asamblea verde-flex, que concedió a casi todos los delincuentes inmunidad provisional para intervenir en la contienda electoral, podrán él y todo el cartel de Carondelet, haciendo uso de esta licencia, retornar de sus vacaciones millonarias, candidatizarse a las diferentes dignidades en las próximas elecciones, inscribir sus candidaturas y participar libremente en la campaña electoral sin poder ser reducidos a prisión a pesar de haber órdenes existentes. Por supuesto, la garantía del éxito se la proporcionará el CNE como máxima autoridad electoral y sus entonces evaluados integrantes de la Corte Nacional de Justicia.

Todo lo anterior repugna a la moral y la conciencia ciudadana. Constituiría una burla a la justicia y a la democracia que los ecuatorianos estamos llamados a impedir. Al CNE y a la Asamblea Nacional corresponde impulsar la inmediata modificación al art. 108 del Código de la Democracia, para que los procesos penales por abuso de fondos del Estado, iniciados previamente a la inscripción de la candidatura de un sindicado, no puedan ser objeto de interrupción alguna y el procesado sí pueda ser privado de su libertad sin inmunidad alguna. ¡Si regresan, que sea a la cárcel!

Inconcebible que vacíos legales en nuestra legislación, muy convenientemente aprovechados, otorguen patente de corso a la corrupción, al abuso de los fondos públicos y la impunidad, repitiendo para nuestra vergüenza el denigrante sainete de la candidatura vicepresidencial de la expresidenta argentina.

Se encuentra en trámite un proyecto de reformas al Código de la Democracia por el CNE. Las están socializando. Incluyan esta. Hasta un año antes de las elecciones es permitido hacerlo. ¡Curémonos en sano! (O)