Me parece cuestionable la forma como los representantes gremiales de las empresas mineras colocan el interés del Estado por encima de los intereses de las comunidades que hoy se oponen a la extracción minera en lugares cercanos a sus espacios de vida natural y social. La Cámara de Minería impugna las consultas mineras porque considera que un grupo reducido de ecuatorianos no puede decidir sobre temas que competen al Estado, es decir, al interés general de todos los ecuatorianos. Con esa manera de argumentar, las comunidades son desplazadas del Estado y obligadas a someterse a un interés general que no considera su punto de vista.

El argumento puede ser fácilmente rebatible desde su propio reverso, con lo cual el conflicto minero sigue demandando otro tipo de respuestas y arreglos. Se podría sostener, en efecto, que tampoco el Estado puede definir el interés general por fuera de las comunidades locales, mucho menos si la explotación de recursos atenta contra elementos básicos de su vida social. No puede el Estado promover una actividad extractiva que deteriore el espacio natural del cual depende la vida de esas comunidades. Se podría ir incluso más allá y discutir si no son las comunidades movilizadas las que defienden una forma de interés general ligado al medio ambiente y a la naturaleza. Defender, por ejemplo, la no explotación de una mina metálica en una reserva de agua protege un bien colectivo que nos pertenece a todos y no solamente a una comunidad en particular. La legitimidad de las comunidades locales movilizadas en contra de los proyectos mineros radica precisamente en el hecho de que la naturaleza se convirtió en un bien colectivo cuyo cuidado articula una compleja cadena local, nacional y global.

El argumento en torno al beneficio económico, también esgrimido por la Cámara de Minería, resulta igualmente débil. Han presentado unas cifras de inversión, empleo y generación de ingresos para el fisco, que suenan más que tentadoras. ¿Cómo un Estado endeudado, con problemas fiscales, desempleo, sin inversión, puede desaprovechar esta oportunidad de oro alrededor de la extracción minera? Habría que ponderar bien esos números, evaluar su rendimiento en el tiempo, los costos de remediación en que incurrirán los proyectos –porque habrá siempre un daño ecológico– para valorarlos bien. Me suenan a cifras lanzadas más bien para seducir y legitimar su postura en un momento de tensión y conflicto, que fruto de cálculos razonables y realistas.

Por último, la promesa de invertir en las comunidades afectadas una parte de los ingresos generados a modo de compensación despierta incredulidad. Ofrecer el desarrollo al mismo tiempo que se afecta el medio ambiente constituye un discurso contradictorio y desgastado. Lo primero resulta siempre dudoso, como muestra el empobrecimiento permanente de la Amazonía ecuatoriana después de 40 años de explotación petrolera; lo segundo –el daño ambiental y la afectación a las poblaciones originales– tiene evidencias inapelables de una tragedia irremediable. A estas alturas del siglo XXI, con tantas promesas desarrollistas incumplidas, con la destrucción ecológica del planeta, las comunidades actúan con enorme realismo sobre su vida y el futuro de todos, y no como actores radicalizados, infantiles, hiperpolitizados, como quieren presentarlos ante la opinión pública quienes buscan desacreditarlos. (O)