Al principio era alguien. Como estudiante universitario protestó contra la dictadura militar. Habiendo sufrido un asalto perdió la movilidad de las piernas y se recobró del golpe, convirtiéndose en un motivador de conductas positivas con humor, escribiendo libros. Después trabajó a favor de los discapacitados en dos gobiernos nacionales, realizando una magna obra cuando fue vicepresidente de la República, mérito suyo y del régimen al que perteneció. Siguió haciendo ese bien desde la ONU.

Cuando concluyó el gobierno de la década medio ganada y medio perdida y frustrado el deseo de su líder de continuarla personalmente, a regañadientes de algunos del movimiento gobernante, por las encuestas, fue nominado como candidato a primer mandatario. En la campaña hubo de soportar el odio que mostraba una silla de ruedas incendiándose. Entonces, algo sucedió: en el debate televisado no defendió al gobierno que integró, de los ataques de los demás candidatos, no exhibía la camiseta de su movimiento.

Ganada la elección a pesar de una injustificada acusación de fraude, se comentaba que habría sorpresas en su gestión. Cierto alivio cundió en el sector que se creía perdido nuevamente.

Pero su discurso de posesión estuvo henchido de esperanza y humanismo. Resaltó lo hecho en educación, salud, vialidad. Que se había recuperado la autoestima, dijo, que su “hermano querido”, Rafael Correa, había liderado la revolución ciudadana. Un periodo donde realmente no hubo revolución ni ciudadanía.

Provocó importantes cambios a la Ley de Comunicación, que eliminaron los mecanismos para aherrojar a los medios que establecían un Estado punitivo, como la Superintendencia de la Información y Comunicación, usada para sancionar críticas al poder. Indebidamente se suprimió la obligación de los medios de contrastar la información de las partes en procesos judiciales. En cuanto a las noticias sobre hechos internacionales, es menester instaurar expresamente la obligación de verificación, contrastación y contextualización que rige para el quehacer nacional, ya que, por ejemplo, hay un sesgo informativo en el caso venezolano.

Empezó la metamorfosis del Gregorio Samsa de Kafka. Furtivamente se incorporó a la función pública a personas provenientes de un partido político cuyos dirigentes han sido moralmente cuestionados. “Se investigará”, respondió, cuando le inquirieron al respecto. Y empezó la agria disputa del exvicepresidente con el expresidente, que se ha ido ahondando, con deleznables mutuos ataques a la honra.

Convocó inconstitucionalmente a una consulta popular, que, entre otras cosas, entronizó a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que respondió a los intereses del nuevo poder, arrogándose facultades que no tenía, como la de evaluar y cesar a los jueces de la anterior Corte Constitucional. La de ahora, producto de ese espurio procedimiento, ilegítimamente ha blindado las resoluciones del Consejo.

Promovió la ley para el fomento productivo, que, con la complicidad de la mayoría de la Asamblea Nacional perdonó $4.400 millones de deudas tributarias y otras a grandes grupos empresariales –entre los cuales está Odebrecht, con $ 4 y medio millones–, superior a los $ 1.400 millones de la “sucretización” de Osvaldo Hurtado e inferior al salvataje bancario de $ 6.500 a $8.000. Se ufanó de que el 95% de los beneficiados eran pequeños y medianos empresarios, mas, a estos se les condonó solamente de 20 a 30 millones de dólares. Ello a más de intentos fallidos y cumplidos del proyecto de ley, de favorecer a tramposos al Estado y perjudicar a los trabajadores.

Luego vino la solicitud de préstamo al FMI, con una malhadada Carta de Intención que el gobierno ocultó inicialmente, en la que se vuelve a viejas prácticas perjudiciales para el Estado y la mayoría del pueblo, que significa la reducción de la masa salarial del sector público, iniciada antes y que constituye el despido de miles de servidores, cuya cifra también se esconde. Algunos celebran la desvinculación, a otros no les importa. La Carta significa también el aumento de las tarifas de los servicios públicos, que ya entraron en vigencia en algunos casos. Se anuncian reformas legales que contrarían la Constitución porque afectan la intangibilidad de los derechos de los trabajadores y que enriquecen a los que más tienen, con el pretexto de que habrá más empleo, sacrificando a los nuevos trabajadores. Se temen más eliminaciones de subsidios y enmiendas tributarias que harán sufrir a las clases media y popular, como ha advertido el Econ. Spurrier. El plan de gobierno que el sucesor se supone aprobó y que presentó al Consejo Nacional Electoral el 2017, dice: “…Esa es la “democracia” de quienes buscan recuperar el poder que el pueblo les arrebató el 2007. Se limitaron a cumplir obedientemente lo que disponían los organismos extranjeros encargados de vigilar la aplicación del neoliberalismo en el país”.

Se ha destapado la olla de la corrupción que hubo en el régimen anterior, mas ¿por qué la expresidenta de la Asamblea Nacional, con insultos, quiso bloquear la moción de investigar las inversiones de la familia del gobernante en paraísos fiscales, cuya eliminación el plan de gobierno ofreció proponer a la ONU y se denostó al asambleísta que presentó la moción, inclusive desde el diario “público”?

El medio digital Ecuador inmediato, crítico del régimen, denunció presiones gubernamentales a su servidor canadiense para cerrarlo, lo que la presidencia negó. Unos días después volvió a transmitir. Se amenazó a trabajadores públicos con pedir la terminación de sus contratos si calentaban la calle. Y se reprime a los estudiantes internos de medicina que reclaman por la inicua rebaja de sus estipendios. Sigue la criminalización de la protesta del decenio precedente.

Así pues, Gregorio Samsa resultó un caballo de Troya, con una variante del ideado por Ulises, introducido por quienes mostraban la silla de ruedas en llamas. El fin justifica los medios, claman.

Hasta ahí, la nada. En la próxima entrega, la entrega a un poder foráneo.(O)