“Atraer la inversión extranjera” es la cacareada y utópica promesa de todos aquellos que se lanzan a un alto cargo público, cuando no lo logran culpan a todos y todo, menos a una de las causas principales: el 15% de la participación de utilidades de los empleados de una empresa; una medida demagoga tomada hace años sin medir las nefastas consecuencias que representa para la economía del país.

Es una medida que beneficia a una élite que trabaja para empresas grandes, serias, que se apegan a la ley tributaria y reportan utilidades significativas, entre estas las de telefonía móvil y grupos gigantescos nacionales y extranjeros; todos los que trabajan para el Estado en sus innumerables dependencias, para municipios, prefecturas y similares; los que trabajan para empresas del Estado como las eléctricas, de agua y semejantes; los miembros del Ejército, Policía, voluntariados, fundaciones, instituciones sin fines de lucro; los que trabajan para profesionales como médicos, abogados, constructores...; los que trabajan para talleres y negocios pequeños; los trabajadores del agro que no pertenecen a una empresa grande y seria; la inmensa mayoría que trabaja para microempresas familiares, empleados domésticos, y los informales que representan el 55% de la fuerza laboral. Ninguno de ellos tiene idea de lo que es el famoso “15% de participación de utilidades”. Luego viene la enorme lista de las personas que reciben una bobería por este concepto, que promedia $ 150 anuales.

La realidad es que menos de un exagerado 10% de los trabajadores recibe valor alguno, y menos de 1% recibe un valor importante. Por este concepto, es una ley injusta que perjudica al país. Contablemente todo aquello por debajo de la línea de resultados que se deduce obligatoriamente es considerado un impuesto, si lo recibe el Estado, Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja o los empleados no tiene importancia para el inversionista.

Ecuador tiene un impuesto a la renta empresarial de 23%. Si sumamos el 15% obligatorio, el “costo tributario” de operar en Ecuador es de 34,55%. El mismo costo en Colombia y Perú es 23%. ¿Usted invertiría en un país en que le cuesta 50% más operar? No.
La solución no es fácil, pero necesaria: llevar a consulta popular la pregunta: “¿Aprueba usted una elevación lineal de $50 del salario y la eliminación del 15% de participación de utilidades?”, el resultado sería sin duda un “Sí”. Los errores hay que corregirlos, pues vivir con ellos no debería ser una alternativa.(O)

Gustavo Echeverría Pérez,

avenida Samborondón