De manera constante se viene proclamando el carácter agrario de la nación, existen razones más que suficientes para afirmarlo, las cifras de su aporte a la producción nacional, a la creación de empleo y a la generación de divisas por exportaciones lo demuestran, tanto es así que más del 80% de las ventas al exterior de bienes no petroleros procedieron de la agricultura y la agroindustria. Sin embargo, persisten en el campo y en todo el territorio ecuatoriano condiciones deplorables de pobreza, la mayoría poblacional carece de bienestar, las tasas oficiales lo ratifican. Es necesario provocar un cambio hacia una mayor rentabilidad de las actividades agroproductivas, que creen riqueza y se distribuya con justicia.

No hay otro sector que cubra el espacio que representa la agricultura en lo económico y social, es la que más rápidamente ayudaría a reducir el desempleo de jóvenes y adultos, a eliminar la informalidad laboral y cerrar la enorme brecha de género por las oportunidades que tendrían las mujeres de integrarse a una dinámica y remunerativa actividad rural en todas sus manifestaciones, como la ganadería, acuacultura, forestación y pesca. Para que esto acontezca, será necesario promover un rápido y sostenido crecimiento agrario que conlleva inversión pública y privada en infraestructura, investigación e innovación, capacitación, crédito y comercialización.

Los agricultores no han tenido el suficiente peso político como para provocar que el Estado, incluyendo la sociedad civil, les otorgue el valor y la importancia que les corresponde, por lo cual es pertinente la esperanzadora recomendación del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, realizada en días pasados en un encuentro con autoridades electas de organismos descentralizados, casi todos de connotación rural, de su propio y otros partidos, para que acometan temas agrícolas y de seguridad que, no siendo de su competencia, son fundamentales para el bien común, al cuestionar “la falta de crédito oportuno, suficiente y barato, la ausencia de tecnología, de política de comercialización y sustentación de precios”, y exhortar a “hacer una gran minga nacional de alcaldes, prefectos y asambleístas que defiendan la agricultura, la ganadería… no vamos a resolverlo nosotros”, pero que planteando esa aspiración con fortaleza se escuchará el clamor general hacia la atención al agro, y concluyó que de no ser así habría una reacción popular. Esta proclama contiene un sentido objetivo nacional y una forma de reivindicación que merece ser secundada por los ciudadanos de conciencia agraria, sin distingos políticos.

Al Ecuador le sobran suelos fértiles que esperan reverdecer con las obras inconclusas de riego y drenaje, transformándolas en operativas con más inversiones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, a las que hay que atraer dando seguridad general y jurídica, que a la vez se comprometan a comercializar alimentos tropicales, templados y exóticos, que pueden producirse y exportarse ilimitadamente, inclusive agregando valor con industrialización y cultivando con respeto a la naturaleza.

Ecuador tiene todo a su disposición para nutrir indefinidamente a su pueblo y crear bienes para buena parte de un mundo ávido de alimentos frescos y sanos, provocando el cambio hacia el desarrollo pleno, que solo con determinación férrea se podrá lograr. (O)