Indudablemente en una democracia la participación de los ciudadanos es indispensable, pues todo lo que hacen sus autoridades, teóricamente, se hace en nombre del pueblo. Pero la realidad obliga a formular algunas preguntas: ¿realmente se legisla, se administra, se ejerce justicia en nombre del pueblo pensando en su bienestar y escuchando su opinión?

La Constitución vigente propuso la creación de un organismo que se encargue, entre otras atribuciones, de la promoción de la participación de la ciudadanía y de nombrar a las autoridades de control en su nombre. ¿Es eso lo que realmente sucedió? ¿Cómo evitar que quienes integran el Consejo olviden que representan a la ciudadanía y no a un partido, ni a las otras funciones? ¿Es lo mejor que un organismo oficial sea responsable de la promoción o eso corresponde a la propia ciudadanía con todas las garantías de libertad e independencia que el Estado debe otorgarle?

El momento es propicio para la reflexión, ahora, más allá de la discusión acerca del conteo de votos nulos y de todas las distorsiones que provoca. Pensemos con serenidad en el tema y propongámonos buscar acuerdos para lograr una auténtica participación.(O)