A qué descomposición moral habrá llegado nuestra patria, que muchos se aprestan a votar, como mal menor, no por convicción, sino por temor. Es como si en tiempos de la Inquisición se hubiera permitido escoger para presidirla entre Torquemada y algún fanático menos conocido, y, en virtud de ese don de Dios que es el libre albedrío, hubieran votado por uno de ellos y apoyado así la eliminación de la libertad de conciencia. ¡Lo que había que eliminar es la Inquisición! Es lo que debió hacer el presidente Moreno cuando llamó a consulta popular para reemplazar el Consejo de Participación y reemplazarlo por el Transitorio. Pero en lugar de despojarle al Consejo de sus facultades nominadoras, creyó que la solución radicaba en que sus miembros sean elegidos por votación popular, y, al momento, debe estar cavilando lo que hará cuando se conozca el resultado de la elección. Los partidarios de Correa votarán disciplinadamente por los candidatos por él escogidos, y los demás nos fraccionaremos. Los que eventualmente ganaren, serían los que designen a contralores, fiscales, jueces, etcétera. Los que votan por candidatos, aceptan la existencia del Consejo y los elegidos defenderán su período de cinco años. El voto nulo busca que el presidente llame a consulta popular para quitarle al Consejo las facultades que ahora tiene de designar a los titulares de trascendentales organismos de control. Si ganaren los candidatos correístas, el presidente Moreno comprendería su error y –¡ojalá!– convocaría la anhelada consulta popular. Se conoce que un grupo de juristas impugnaría por inconstitucional la elección de este Consejo. Ojalá tengan éxito. Crece, constantemente, el apoyo al voto nulo.

Simultáneamente, el presidente enfrenta un problema de moral pública, que le envuelve personalmente: La presidenta de la Asamblea es sorprendida, y grabada, en conversación con la ministra del Interior, en la que acuerdan impedir que los asambleístas designen una comisión que investigue las denuncias que se han presentado sobre las cuentas en paraísos fiscales del hermano y los amigos íntimos del presidente, que habrían favorecido al jefe de Estado. Las responsabilidades legales de las funcionarias deberán establecerse, pero, en lo ético, es al menos una obstrucción de la justicia. Lo grave no está en que las hayan grabado –lo que solo demuestra su incompetencia–, sino en lo que dicen en la grabación. La presidenta, consciente de su falta, está dispuesta a dejar inclusive su curul; la ministra habla de una conspiración para desestabilizar al Gobierno, pero no justifica su actuación. Al presidente le tocará decidir si se solidariza con la ministra que lo ha defendido, o condena su actuación. La protección al presidente le ha hecho un grave daño, porque un presidente tiene que estar siempre dispuesto a que se investiguen sus actuaciones. Recordemos que cuando en el Congreso de los años cincuenta se presentó una acusación contra Velasco Ibarra por la lamentable muerte del estudiante Isidro Guerrero, durante su tercera administración, el expresidente, sin esperar citación, viajó inmediatamente de Buenos Aires a Quito para defenderse. El Congreso archivó el proceso. Presenciamos el derrumbe moral del Ecuador. Tenemos que seguir luchando para impedirlo.(O)