Tras una constatación física de las 733 armas entregadas a guías penitenciarios del sistema de rehabilitación, se determinó que 214 están desaparecidas y otras 273 presentan inconsistencias de los números de serie.

La Contraloría recibió documentación al respecto proporcionada por el exsubsecretario de Rehabilitación Social Ricardo Camacho, el pasado 4 de enero. Sin embargo, ese faltante ya se registró en el 2016, en un informe emitido por la Dirección de Seguridad Penitenciaria, que fue conocido y posteriormente archivado por las dos últimas ministras de Justicia: Ledy Zúñiga y Rossana Alvarado.

Luego de que la Contraloría realice el examen especial se deberá determinar a los responsables del uso inadecuado o hurto de bienes del sector público e iniciar acciones administrativas o legales.

El sistema de rehabilitación social recibió una onerosa dosis de maquillaje en el anterior Gobierno, y cada tanto vamos conociendo que en lo de fondo continúan las falencias. La actual administración deberá transparentar la real situación para no ser cómplice de negligencias anteriores. (O)