El país está asistiendo a una verdadera tormenta institucional por las evaluaciones que los unos hacen a los otros. La airada protesta de la Corte Nacional no es sino el más reciente episodio de esta guerra de quién evalúa a quién, cómo se evalúa y por qué se evalúa. Al margen de los méritos que puedan tener los argumentos de la Corte Nacional para su airada protesta por la forma en que van a ser evaluados sus integrantes, no deja de llamar la atención su posición. Y es que por una década dicho organismo guardó silencio frente a las impresentables resoluciones que dictaba el anterior Consejo Nacional de la Judicatura, liderado entonces por un individuo que fue pieza clave del régimen más corrupto del Ecuador. Habría sido muy saludable que la Corte Nacional hubiese adoptado una posición similar durante esos años.

Por ello es por lo que la única pregunta que los ecuatorianos quisieran hacerles a los magistrados (y a los que pretenden evaluarlos) es ¿qué hicieron para defender a los ecuatorianos del régimen fascista que tuvimos y que atropelló los derechos humanos de una forma sistemática? Si a la sazón no eran jueces o funcionarios, ¿salieron entonces a las calles a protestar?, ¿enviaron cartas a los medios?, ¿dictaron conferencias denunciando a la dictadura? Y si eran ya jueces o funcionarios, ¿organizaron algún colectivo o asociación para frenar los abusos de Correa?, ¿propusieron la adopción de alguna resolución por la cual la Corte Nacional o los colegios profesionales rechazaban contra la brutal persecución correísta? En definitiva, ¿qué hicieron para defender a la Constitución?, ¿o es que no eran conscientes de lo que nos pasaba a los ecuatorianos?, ¿no sabían cómo la dictadura usaba a los procesos penales y tributarios, las denuncias y coactivas para perseguir a quienes declaraba sus enemigos?

No se trata de cuántas sentencias firmaban por semana, ni de si estaban motivadas o de si presentaron sus declaraciones de bienes o de a cuántos seminarios habrían asistido. No solo eso cuenta para servir al país. Lo más importante es otra cosa. En una democracia constitucional los jueces son antes que nada protagonistas esenciales de la efectiva vigencia de sus principios e instituciones. Y sus méritos no se miden por los puntos que saquen en unos exámenes, o la longitud de su curriculum vitae, sino por su probidad en la defensa de la ley y la justicia, por el respeto que susciten sus decisiones, por su entereza para enfrentar el abuso y por su compromiso por defender al sistema republicano.

Esa es la única evaluación que deberían superar. Y no solo para los jueces sino para todos aquellos que hoy pretenden permanecer en o acceder a una alta función pública. ¿De qué lado estuvieron durante la dictadura fascista y corrupta de Correa? Porque si fueron instrumento de ella, persiguiendo a periodistas y opositores, u optaron por miedosamente mirar a otro lado cuando pudieron frenar sus abusos, deben saber que el país no los necesita. (O)