635 días pasaron desde que el Gobierno asumió el poder en mayo de 2017 hasta que formalmente anunció la semana pasada la creación de una comisión internacional que contribuya a combatir la corrupción. Como se recordará, la creación de dicha comisión fue una de las ofertas electorales del entonces candidato Lenín Moreno, hecha después de pocos días que lanzara esta idea su rival en las elecciones, el Sr. Guillermo Lasso. La demora ha sido lamentable e inexplicable. Los únicos beneficiados de esta tardanza han sido la caterva de delincuentes que saquearon los fondos públicos, ya sea en la década pasada o en la anterior, y a quienes beneficia un sistema que ha sido profundamente penetrado por la delincuencia organizada.

Pero el anuncio del Gobierno no es suficiente. Si ese anuncio no es seguido por una serie de pasos específicos y coherentes, hay el riesgo de que esta iniciativa caiga en el vacío, se convierta en una simple muletilla y no pase de ser una distracción más. Esto sería muy grave. El país no parece dispuesto a aceptar que se juegue frívolamente con un asunto de tanta trascendencia. Por ejemplo, habrá que definir con precisión cuáles serán las áreas en las que se concentrará la labor de dicha comisión. Lo razonable sería que lo hiciera en los delitos relacionados con los fondos públicos y aquellas infracciones que sean instrumentos de ellos. ¿Qué facultades van a tener los comisionados y su equipo de fiscales? Lo lógico es que puedan realizar investigaciones dentro y fuera del país, acumular pruebas, interrogar testigos, acceder a documentos privados y públicos, allanar domicilios –con la debida autorización judicial, obviamente–, entre otros, tal como lo hace o se supone que lo debería hacer la fiscalía nacional, pero que lamentablemente no lo hace.

El país no requiere de una comisión simplemente académica o de asistencia técnica –por muy importante que sean ambas cosas– sino de un grupo de expertos dedicados a tiempo completo a producir resultados concretos, a investigar casos emblemáticos, como son la comercialización del crudo con Petrochina, Coca Codo Sinclair, Odebrecht, entre otros, como también de aquellos que aún no se han destapado. De no ser ese el perfil de la comisión internacional que se estaría por crear, de ser dicha comisión una más de las decenas de comisiones de asistencia técnica, lo mejor es que no se pierda tiempo y recursos. Habrá sido una batalla más que habrán ganado la corrupción y la impunidad, y habrá sido una importante derrota para el Estado de derecho, la transparencia y seguridad jurídica.

Si, por el contrario, las facultades que tendrá la nueva comisión serán aquellas que el país requiere, el convenio internacional deberá ser avalado por la Corte Constitucional y aprobado por la Asamblea Nacional. Una comisión de este nivel deberá poner orden en nuestro país, donde cada día descubrimos las cosas más aberrantes producidas por abogados sin ninguna ética profesional y aceptadas dócilmente por fiscales y jueces gracias al poder del dinero. (O)