Acciones constitucionales

2 de Febrero, 2019 - 00h01
2 Feb 2019 - 00:01

Muchos lectores desconocen que dentro de todos los males que aquejan a nuestra administración de justicia, uno de los peores está en la substanciación de acciones constitucionales como la de protección, medidas cautelares, etcétera; cuya institucionalidad se pervierte porque son utilizadas para todo tipo de despropósitos, desde la ilegal e indebida interferencia en contrataciones privadas, hasta la liberación de delincuentes.

Lamentablemente hay jueces que prestan sus servicios para este tipo de acciones y al contrario de lo que les manda la ley, causan más daños de los que deberían remediar, con resoluciones absurdas, ilegales y hasta contrarias a la Constitución. ¿Qué persona natural o jurídica en Ecuador no ha sido víctima de una resolución de algún juez en este tipo de causas? Y lo peor de todo es que la defenestrada Corte Constitucional en el 2018 –ya de salida– al resolver un caso privado, decidió incorporar en el fallo una directriz interpretativa que no le habían pedido, mediante la cual dijo que los jueces inferiores no cometen delito de prevaricato (actuar contra ley expresa en perjuicio de una de las partes) al resolver este tipo de acciones constitucionales, creando una patente de corso para que en nuestro sagrado sistema judicial se cometa sinnúmero de fechorías impunemente, casi que a pedido y hasta personalizadas.

Pero lo que no se ha dicho es que esa dizque interpretación es ilegal e inconstitucional, porque contraviene el principio de que todo funcionario debe responder por sus acciones u omisiones en el ejercicio de su jurisdicción, además de que viola de manera flagrante el principio de legalidad, según el cual todo lo que estructura la materia penal en el marco de un derecho penal democrático únicamente puede hacerse vía ley penal siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución, para la creación de este tipo de leyes, que desde el 2014 tiene el carácter de orgánica. Es decir que una simple interpretación no puede contraponerse a una disposición penal porque antes debe ser transformada en ley orgánica penal por el legislador, creando en este caso una “causa de justificación” (excepciones a la comisión de delitos) adicional en el Código Orgánico Integral Penal, y una excepción al principio de responsabilidad en la Constitución; pues desde la misma perspectiva constitucional, el orden penal está excluido de este tipo de “interpretaciones”, aunque puedan ser totalmente válidas en otros órdenes jurídicos, razón por la cual la Fiscalía General del Estado debería actuar en consecuencia y los usuarios perjudicados presentar las correspondientes denuncias.

Nuestra historia reciente ha demostrado que el “juez creador de derecho” no está listo para nuestro sistema judicial, por lo que debemos refugiarnos todavía en el positivismo. La premisa es que un sistema se depura comenzando por la cabeza, así que si la nueva Corte Constitucional cumple su papel, rehace todo lo mal hecho y corrige todos los errores de su antecesora, resolviendo como corresponde y sancionando a los funcionarios inferiores que actúan fuera de la ley y a quienes hacen uso doloso de la justicia constitucional; tendremos la esperanza de mejores días para nuestro país.(O)

Carlos Cortaza Vinueza,

abogado, Guayaquil

 

Acciones constitucionales
Cartas al Director
2019-02-02T00:01:11-05:00
Muchos lectores desconocen que dentro de todos los males que aquejan a nuestra administración de justicia, uno de los peores está en la substanciación de acciones constitucionales como la de protección, medidas cautelares, etcétera; cuya institucionalidad se pervierte porque son utilizadas para todo tipo de despropósitos, desde la ilegal e indebida interferencia en contrataciones privadas, hasta la liberación de delincuentes.
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