Menos mal que aquí a nadie se le ocurre decir que regresó del futuro y que todo está bien. La inefable María Fernanda está lejos para hacer la apología del carácter visionario del socialismo del siglo XXI. Y para el bien público, cada vez son menos los delirantes que defienden el legado de Rafael Correa de autoritarismo y corrupción.

La crisis heredada, cuyas manifestaciones son un anémico crecimiento económico y el deterioro de los indicadores de empleo formal, exige acciones disruptivas. Pero el Gobierno todavía se mantiene en modo gradualista. Tal parece, acercándose a la mitad de período, se conforma con ser un régimen de transición. Ha impulsado una meritoria reforma institucional, pero demora aún en enfrentar los graves desequilibrios macroeconómicos.

El pretendido ajuste al precio de los combustibles se quedó a medio camino por la presión de los transportistas. La racionalización de los subsidios es necesaria, pero tiene que partir del sinceramiento de costos y utilidad razonable de Petroecuador, a fin de no encubrir las ineficiencias del monopolio estatal que gravan al consumidor. La solución sería crear las condiciones para la libre importación de derivados de petróleo.

Hay una tarea pendiente en el cumplimiento de un par de promesas que no han sido honradas a satisfacción.

La primera es la reducción del tamaño del Estado, donde el mayor contrasentido es que la eliminación y fusión de entidades estatales no se refleja en la disminución de la masa de servidores públicos, que, por el contrario, aumentó en 2018.

La segunda es la lucha contra la corrupción que sigue sin presentar resultados concluyentes. Se mantiene la renuencia a solicitar ayuda internacional, pese a ser un ofrecimiento de campaña. De ahí que persista la impresión de falta de decisión política.

Se pretendió un golpe de efecto con el anuncio de que se había llegado a un acuerdo para la devolución de 13,6 millones de dólares de la presunta coima de Odebrecht que sirvió para financiar el proyecto de cable submarino de Telconet. Aunque ante la alarma de una eventual impunidad en el proceso por lavado de activos, Fiscalía tuvo que reaccionar aclarando que no presuponía dejar sin efecto la tan retardada causa.

Como solución de compromiso, el Gobierno y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio pactaron dar paso a la reforma institucional de la Contraloría para transformarla en Tribunal de Cuentas. De este modo se mantuvo en el cargo a Pablo Celi, evitando el craso error que hubiera significado apartar del cargo a una de las poquísimas autoridades que ha estado develando las corruptelas del correísmo.

Queda reabierta la puerta para impulsar una nueva consulta popular que incluya esta importante reforma institucional, al tiempo que la eliminación del Cpccs cuya elección por voto popular en marzo es un verdadero albur. Otros contenidos podrían ser el trabajo por horas y el remedio a la quiebra del IESS.

El presidente Moreno debe aprovechar circunstancias favorables. Los únicos que quieren que fracase son los correístas. El problema es que siguen infiltrados por doquier socavando la gestión del Gobierno. Quiere romper con el pasado, pero hay una quinta columna que lo sabotea.

Salvo alguna excepción, dispone de un buen gabinete ministerial. Mejor que cualquiera de los que tuviera su antecesor en una década. Debe romper el estigma del régimen de transición, bajo el convencimiento de que un cuatrienio es tiempo suficiente para enderezar la economía que sigue siendo su talón de Aquiles. (O)