El femicidio de Diana Carolina, que ocurrió el sábado en Ibarra, es otro hecho que conmociona a los ecuatorianos a menos de una semana de la violación grupal perpetrada por tres hombres contra Martha (nombre protegido), en Quito.

Diana, de 22 años, quien tenía cuatro meses de embarazo, falleció al recibir varias puñaladas de su pareja, que la tuvo de rehén por más de una hora y amenazó con matarla ante la insistencia de ciudadanos y de la misma policía que pedían que la dejara. Debido a que el hecho ocurrió en la vía pública y fue filmado, viralizándose en redes sociales, se hizo un contundente reproche hacia los policías que no actuaron con eficiencia para someter al captor e impedir que la asesinara.

Porque en este caso el agresor es venezolano, el presidente anunció que se conformarán brigadas para “controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera...”. Esa es una reacción desenfocada. El tema central no es la nacionalidad del agresor. Hasta el 23 de noviembre del año pasado se habían registrado 587 femicidios, cifra que se empezó a contabilizar desde agosto del 2014, año en que el femicidio fue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. No es con anuncios para salir del paso que se lograrán acciones efectivas. (O)