Aparentemente, al crimen se le facilita de mejor manera su operatividad transnacional que a la justicia. Siendo que la tecnología y la globalización permiten que las redes de negocios operen de manera integrada y al instante; esa eficiencia, que en ocasiones sirve también para ejecutar actividades ilícitas, no se logra en la interacción y cooperación de nuestro sistema de justicia con el de otros países.

En un reciente informe, publicado ayer por este Diario, se da a conocer que en el 2018 más de cien procesos de extradición estaban en trámite en Ecuador y que a lo largo de su historia son muy pocos los casos que lograron concretarse.

Entre las fallas que impiden resolver de manera exitosa los procesos de extradición emprendidos por la justicia ecuatoriana, los juristas consultados señalan documentos mal traducidos, solicitudes mal hechas, convenios desactualizados y falta de capacitación especializada. A ello se suma la corrupción que obra para entorpecer los trámites.

En años recientes hemos constatado que los fraudes y desfalcos se hacen por cuantías extraordinarias y que quienes delinquen operan de manera asociada, organizada, y logran evadir la justicia al fugarse del país. Es imperativo que se legisle con el objetivo de volver eficiente el proceso de extradición si se quiere lograr que quienes delinquen sean sometidos a la justicia. (O)