Al momento de escribir esta columna, se discute en diferentes foros el camino a seguir en cuanto a la investigación de las irregularidades cometidas durante la última década.

Hay ciertos analistas e incluso medios de comunicación que impulsan la idea de que el Ecuador permita que la ONU establezca una fiscalía especial de similares características a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig).

Y mientras tanto, tenemos una Fiscalía General rebosada de investigaciones pasadas y presentes, con funcionarios encargados ante la renuncia de los designados temporalmente, que se debate entre la urgencia de inaugurar la lucha contra la impunidad, la pesada carga de la complicidad por la inacción de algunos durante la última década y la necesidad de observar el debido proceso y garantizar los derechos humanos de los procesados, al margen de lo que los opinólogos sentencien en sus cuentas de redes sociales, columnas de opinión, ruedas de prensa o noticieros de televisión.

En varias columnas anteriores he manifestado que dentro de este periodo de transición de la dictadura correísta hacia el retorno a la democracia, liderado por el presidente Lenín Moreno, es fundamental fortalecer las instituciones, pues la dictadura antes de tomarlas por asalto se encargó de darles su golpe de gracia. Digo esto porque hay que reconocer que cuando Correa irrumpió en el panorama político nacional, estas instituciones ya venían muy deterioradas, producto del abuso y manoseo al que habían sido sometidas por parte de la sociedad ecuatoriana.

El primer paso ha sido liberarlas del control correísta, que no significa liberarlas del correísmo, pues sus principales y más adoctrinados operadores aún siguen en los mandos medios de la mayoría de estas, en silencio, fingiendo lealtad, a la espera del retorno de su líder o de algún discípulo.

Y el segundo, designar a sus máximas autoridades a través de procesos transparentes.

En este proceso, el CPCCS ha tenido un rol histórico y se apresta a dar lo que, en mi criterio, es el paso final y más importante para el retorno efectivo a la democracia, cual es la designación de la nueva Corte Constitucional.

La Corte Constitucional, para decirlo en términos sencillos, es la institución con la capacidad de corregir y enderezar en última instancia todos los atropellos y distorsiones provenientes de las diferentes instituciones del Estado.

Y a pesar de los cuestionamientos al proceso en marcha, algunos fundamentados y otros interesados, estamos seguros de que el Ecuador tendrá probablemente la mejor Corte Constitucional de la historia.

Entonces, lo que el Ecuador necesita es que el CPCCS termine su labor, en el caso que nos ocupa, designando al nuevo fiscal general de la Nación, que desde la cabeza ponga a funcionar esta neurálgica institución para que devuelva a la sociedad la confianza en el imperio de la Ley y a sus infractores, la certeza de que quien la hace la paga, y no experimentar con instituciones ajenas, como la Cicig, que dicho sea de paso tiene muy serios cuestionamientos en Guatemala, y además, respondió a una realidad histórica muy diferente (gracias a Dios) a la nuestra.

Fortalezcamos nuestras instituciones. (O)