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La prescripción y los derechos fundamentales de los niños

6 de Enero, 2019
6 Ene 2019
6 de Enero, 2019 - 00h32
6 Ene 2019

Por: César Drouet Candel *

Contemplamos consternados una brutal arremetida contra derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, relativos a violaciones y abusos sexuales. Diariamente se destapan masivas prácticas de violencia sexual en menores de edad, que aglutinados por la práctica de un deporte, el estudio en determinados centros de formación; y un mal entendido espíritu de cuerpo, entre victimarios y sus superiores, ha permitido que conductas execrables permanezcan soterradas por décadas, práctica que continúa replicándose, en forma colectiva, en todos los espacios del orbe.

Estadísticas recientes del Ecuador, avaladas por instituciones públicas, revelan la forma colectiva, masiva y orquestada, en que se continúa practicando esta aberrante disconducta. Detenerla no ha sido posible pese a que nuestra Constitución, reiteradamente declara y regula la protección de los derechos fundamentales de menores, que deben ser preservados de la violencia sexual. Tampoco los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de los cuales somos signatarios, (la Convención sobre los Derechos del Niño), que consagran similares garantías y cuya aplicación es jerárquicamente superior a la Constitución, ha detenido el avance de esta lacra pestilente, pese al reconocido Interés Superior del Niño, que contempla disposiciones expresas, sobre la prioridad o preferencia, necesariamente aplicables en materia procesal, medio indispensable para obtener la sanción a los infractores.

El referéndum y la consulta popular, abrumadoramente aprobados (R.O. # 180 S febrero 14 / 2018), incluyeron norma constitucional, expresando que las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles.

La prescripción, institución jurídica propia del Código Civil, dispone que por haber transcurrido un tiempo determinado, se pierde el derecho a exigir judicialmente el respeto al derecho violado y la condigna sanción. Esta es la prescripción extintiva o liberatoria (la hay también adquisitiva de dominio), conocida como un modo de extinguir las obligaciones, (lo que extingue son las acciones; ej.: Son obligaciones naturales, las extinguidas por prescripción, en que transcurrido el tiempo de prescripción extintiva, subsiste la obligación, pero desaparece la acción).

Hay varios elementos esenciales de la prescripción; uno es que las acciones a las que pretenda aplicarse, deben ser prescriptibles; otro, el que, como nadie puede tomar la justicia por su propia mano, es indispensable que el decurso del plazo que genera la prescripción debe ser declarado por autoridad judicial; un tercer elemento esencial es que la prescripción se suspende en favor de los menores (absoluta o relativamente incapaces), de tal manera que su derecho a reclamar la protección constitucional solo podría empezar a prescribir cuando el menor victimizado llegue a la mayoría de edad.

Por su importancia la prescripción migró hacia todos los campos del derecho. Constancia de que la prescripción en materia penal debe ser declarada la trae el # 6 del art. 548 COIP cuando dispone que “…se dicte la resolución de prescripción del ejercicio de la acción…”.

La imprescriptibilidad aprobada en el referéndum no fue novedosa; ya la misma Constitución consideraba como delitos imprescriptibles no susceptible a amnistía, aquellos de “lesa humanidad” (art. 80), norma repetida en el COIP y en el art. 89 ibídem, al definir los delitos de “lesa humanidad”, en que incluye la violación sexual que se cometa de forma sistemática.

La Resolución 110A-2018 del 27 de noviembre del Consejo de la Judicatura Transitorio, cuando declara de máxima prioridad de tratamiento preprocesal y procesal los delitos sexuales cuyos sujetos pasivos han sido niños y adolescentes y dispone que los operadores de justicia, con base en el Interés Superior del Niño, inicien y continúen acciones investigativas relativas a esta clase de delitos, cumple fielmente con la Convención sobre Derechos del Niño, la Constitución y la ley.

Carece de fundamento jurídico el cuestionamiento formulado por la Corte Nacional de Justicia y algunos columnistas, que consideran tal resolución como una arrogación de funciones, que corresponden a la Corte referida, aduciendo que solo a ella le atañe interpretar las normas oscuras. ¡Mero y superficial formalismo!

No debe seguir admitiéndose que un servidor público administrativo, receptor de denuncias, se niegue a recibirlas, porque según dicho colaborador ha operado la prescripción, haciendo caso omiso que los derechos que se reclaman y amparan o carecen del carácter de prescriptibles, o necesariamente deben ser declarados por el juez que conoce la causa, o el tiempo a partir del cual se inicia la prescripción está sujeto a la prueba de que la víctima ha llegado a la mayoría de edad, para tutelar su derecho.

Bien por el Consejo de la Judicatura que aterrizó a la realidad y con justicia, normas que solo vivían en el papel. (O)

* Abogado.

 

El referéndum y la consulta popular, abrumadoramente aprobados (R.O. # 180 S febrero 14 / 2018), incluyeron norma constitucional, expresando que las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas sean niñas, niños y adolescentes son imprescriptibles.

 

La prescripción y los derechos fundamentales de los niños
La prescripción y los derechos fundamentales de los niños
2019-01-06T00:32:46-05:00
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