Lo que llama la atención del debate sobre la despenalización del aborto es la pobre argumentación que apela a las emociones, al dogma o al melodrama. Que si te hubieran abortado, no estarías aquí. Que una madre, hace muchos años, quiso abortar a su hijo pero no lo hizo, en referencia a algún genio de la humanidad. Que si se permite el aborto, todo el mundo va a abortar y a tener sexo irresponsablemente. Que un verdadero cristiano, no puede estar a favor del aborto. Son este tipo de argumento, precisamente, los que desnudan la inmadurez democrática del país.

Pienso que llegó la hora de hablar de la despenalización del aborto, al menos en ciertos casos específicos como la violación sexual, de la forma en que este tema debería ser tratado: como un asunto de salud pública. En general, no estoy de acuerdo con que el Estado decida, con su legislación, sobre la vida sexual y reproductiva de las mujeres, creo que la decisión de abortar en cualquier caso pertenece a cada mujer, porque la maternidad jamás puede ser obligada. En el futuro debemos despenalizar el aborto en todos los casos, pero en el actual contexto ecuatoriano, donde muy a pesar de Eloy Alfaro el laicismo es un tabú no realizado del todo, al menos debemos despenalizarlo en casos de violación. Es un mínimo indispensable.

Forzar a una mujer violada a tener el hijo de su agresor es incrementar desproporcionadamente la violencia que ya recibió. Las cifras nos llaman a un baño de racionalidad o al menos un mínimo de empatía: Ecuador es el tercer país de la América Latina con mayor tasa de embarazo entre niñas de 12 a 19 años. Desde 2013, 351 mujeres han sido judicializadas por abortar. En los últimos 10 años, al menos 20 mil niñas fueron obligadas a la maternidad; el 80% de estos casos tienen que ver con violaciones dentro del hogar.

Muy en el fondo, la despenalización del aborto tiene que ver con preservar la vida en su sentido más alto. La tercera causa de la mortalidad materna en Ecuador tiene que ver con mujeres que mueren en abortos mal practicados y en condiciones de insalubridad y peligro. Estoy convencido de que ninguna mujer lee el Código Orgánico Integral Penal (COIP) antes de abortar, lo que pedimos es que esa mujer, que fue víctima de una violación y que ha decidido abortar, no lo haga en condiciones de riesgo para su vida y que no sea criminalizada por su decisión.

No creo que por pensar lo que pienso esté fomentando una cultura de la muerte, sino una visión de las leyes que tiene que ver con el laicismo y con la protección de los derechos humanos. Gran parte de quienes defendemos la despenalización, somos militantes de la vida, de una vida con dignidad y sin violencia. Además, el hecho de despenalizar el aborto por violación no implica que todas las mujeres lo practicarán, simplemente supone que el Estado no condenará a prisión a una mujer violada que lo decidió. La maternidad y la paternidad, creo, son experiencias demasiado trascendentes como para que sean impuestas por el Estado en contextos de violencia y de trauma. Deben ser decisiones libres.

Ojalá que en el debate de quienes redactan las leyes, impere la responsabilidad con la realidad, la sensatez y el laicismo. Pienso que la disyuntiva no tiene que ver con cuándo comienza la vida, sino con los derechos humanos que tienen las mujeres, para decidir libremente cuándo ser madres. Y quizá desde una perspectiva más profundamente ideológica, esto tiene que ver con los límites que estamos dispuestos a ponerle al Estado en lo que tiene que ver con nuestros cuerpos. Nadie se mete con sus creencias y su libertad de culto, pero no pretendan meter sus creencias y sus cultos en la vida de todos y desde el Estado. No sean incoherentes, señores libertarios, que la libertad no sólo es para el mercado y el capital, sino fundamentalmente para nosotros, que somos humanos, memorias, vidas, subjetividades, cuerpos.