La polémica no es nueva. En el 2012, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó en su portal web un enlace para que los ciudadanos consultaran si estaban afiliados a alguna de las tiendas políticas aprobadas para los comicios. Cientos de personas se manifestaron en redes sociales con indignación al enterarse de que, sin haber dado su consentimiento, aparecían como afiliados o adherentes a alguno de los doce partidos o movimientos involucrados en el escándalo. El enlace web no volvió a estar operativo.

Al día de hoy, en el CNE se desconocen datos oficiales del número de desafiliaciones o anulaciones que han llegado hasta sus instalaciones. Tampoco la Fiscalía ha actuado como debe. Ayer, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, manifestó que hay que exigir a la Fiscalía General resultados alrededor de las denuncias de afiliaciones a partidos y movimientos políticos sin autorización del ciudadano.

El consejero José Cabrera dijo que se ha estudiado la posibilidad de esperar que culminen las elecciones de marzo para revisar estas denuncias.

Es imperativo que se establezca quiénes son los autores de la falsificación. (O)