Así luce el Gobierno después de haber incrementado los precios de los combustibles. Tiene miedo de los transportistas, de los taxistas, de que se desate una inflación. De las numerosas manifestaciones ruidosas que harán y, como dijo el mismo presidente en algún momento de imprudencia, de que el Gobierno se caiga. Y no es para tanto. Creo que hace falta información. Que las universidades, por ejemplo, en un acto de servicio nos ofrezcan cálculos de cuánto incide el incremento del valor del diésel en el viaje de un camión que carga 20 toneladas de arroz, cómo afecta en el costo de una libra. O de los que cargan papas y subsistencias. Los comerciantes subirán los precios de las subsistencias para ganar más con ese pretexto. Que la autoridad obligue a usar el taxímetro y se calcule honestamente en cuánto se debe incrementar el precio de una carrera. (Aquí no funcionan los taxímetros. Si usted toma un taxi, tiene que negociar el precio y a mí siempre que quieren cobrar más. Debe ser por mi cara…). Transportistas y taxistas son privilegiados y porque pueden paralizar el país usan su fuerza o amenazan con usarla. El transporte público citadino sí debe ser subsidiado.

Este Gobierno tiene que pagar la cuenta del banquete del anterior, ya lo sabía y debió haberse preparado con una buena campaña de información para que el pueblo comprenda que él siempre paga los impuestos, porque la otra fuente de ingresos que tiene el Estado es el petróleo, cuyos precios fluctúan. Por consiguiente también paga el costo de la corrupción, el dinero que se robaron los de las manos limpias y corazones ardientes. El Gobierno está obligado a justificarse con acciones que permitan recuperar la mayor parte de lo robado, y quien esto escribe, como mucha gente, no entiendo por qué no se llama de una vez a la comisión internacional que tan buen desempeño tuvo en Guatemala. Hay sobreprecios en las obras del Gobierno anterior no solo los que contrataron con Odebrecht, sino con empresas chinas. La trama china, sobre la cual hemos escrito algunos, puede ser peor. Eso nos lo gritan los indicios de Coca Codo Sinclair y otras usinas hidroeléctricas.

¿Qué teme el presidente para no llamar a la ONU? La Fiscalía sigue sin titular y los subrogantes no presentan frutos de investigaciones. Sabemos que es una dependencia autónoma, parte de la Función Judicial, pero quienes la representan no tienen excusas para no ofrecer resultados. El Gobierno debe entender que el sacrificio que le exige al pueblo con más gravámenes ha de ser compensado con una eficaz lucha contra los culpables de peculados, cohechos y otros delitos. Hasta aquí, los resultados son magros, mucho ruido y pocos presos.

Otra tarea pendiente es el ahorro en los gastos de burocracia. Hay que suprimir los despilfarros de la administración pública. Si es de ajustarse, todos debemos hacerlo. Están demás las propagandas de quienes quieren informar o justificarse, porque suena a propaganda electoral. Esas promociones las pagamos todos. Es antipático lo que voy a escribir: terminaremos pagando más impuestos, es inevitable.

(O)