En la edición del 3 de diciembre de este año Diario EL UNIVERSO, en su primera sección de Economía y Negocios, página 5, dentro del artículo ‘AGD pasó a Banco Central cartera por $ 2.562 millones’, recoge ciertas declaraciones de la señora Wilma Salgado.

La Asociación de Deudores de Buena Fe estamos en total desacuerdo y rechazamos dichas declaraciones de la señora Salgado, exgerenta de la AGD, en las que afirma que tras veinte años se ha configurado una historia de impunidad y advierte que mediante las últimas leyes se termina legitimando una serie de delitos y reduciendo, e incluso desapareciendo, las deudas.

Le recordamos a la señora Wilma Salgado que nosotros somos personas honestas, que fuimos en su momento a bancos privados a conseguir un préstamo para nuestras viviendas, o para nuestros negocios, y tuvimos la mala suerte de convertirnos en deudores del Estado ecuatoriano gracias a la crisis bancaria de 1999, después de haber padecido por algún tiempo los altísimos intereses que los bancos cobraban antes de que esa crisis reventara y que volvieron impagables nuestras deudas.

Desde el momento en el que nos convertimos en deudores del Estado ecuatoriano fueron violentados nuestros derechos: a la intimidad (la misma doctora Salgado ordenó la publicación en la prensa de las listas de deudores, sin siquiera depurarla); derecho al buen nombre (en los medios de comunicación se hablaba de nosotros como malos ecuatorianos, casi delincuentes, culpables de los problemas del país, cuando en realidad fuimos otras víctimas de la crisis financiera); derecho al trabajo digno (gracias a aparecer en la Central de Riesgos con la peor calificación); derecho, por último, a una segunda oportunidad. También hemos sido víctimas de malos funcionarios: se “perdieron” documentos probatorios de nuestros pagos; han desaparecido documentos; ha habido remates dudosos a precios irrisorios, e incluso hay casos en que funcionarios públicos (ya hay algunos de aquellos denunciados en la Fiscalía) se han aprovechado de su posición y se han quedado con nuestros bienes.

Veinte años más tarde muchos seguimos padeciendo todos estos problemas. La señora Salgado lo ve como un problema de dinero; nosotros, como un problema humano que ha marcado a muchísimas familias. Hay familias rotas, personas muertas, enfermedades de varios tipos, suicidios. Efectivamente, se han dictado dos leyes para tratar de corregir la injusticia, pero lograr que los funcionarios públicos las apliquen correctamente ha sido muy difícil, por no decir imposible. Malos funcionarios, primero en la AGD (antes de que se expidieran las leyes que se refiere la señora Salgado), luego en el BCE, y ahora en Recycob, se escudan en que pueden tener problemas con la Contraloría y se valen de lo que puedan para no aplicarlas según el espíritu de las leyes, es decir “in dubio pro deudor” (en caso de duda, a favor del deudor) específicamente incluido en la ley porque al ser deudas tan antiguas, a veces las cosas no están absolutamente claras en algunos casos y, por último, son leyes en que se reconoce de alguna manera el problema social que el Estado ecuatoriano ha generado con el manejo del tema de los deudores de la banca cerrada.

Solicitamos de la manera más comedida, se nos conceda en el Diario EL UNIVERSO, el derecho a la réplica.(O)

Cecilia Bossano Fierro,

presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe, Guayaquil