Estoy convencido de que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue el instrumento con el que el correato consolidó su Estado Autoritario de Propaganda. Así como la libertad de expresión es la columna vertebral de una sociedad democrática, la censura es su equivalente en el autoritarismo. El próximo 18 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional realizará el segundo y definitivo debate en el trámite de reforma a esa Ley, con el objetivo, según dicen, se eliminar la abominable Superintendencia de Comunicación (Supercom) y su kafkiano proceso sancionatorio, figuras como el linchamiento mediático o la censura por omisión, entre otros temas dictatoriales.

Nunca me han convencido las supuestas bondades de esa Ley. Principios aparentemente positivos y democratizadores, sirvieron para perversos repartos de frecuencias y un clima de miedo ante la posibilidad de perder las misma. Hoy se insiste en el ineficiente modelo de dividir las frecuencias en 33% para medios privados, 33% para públicos y 33% para comunitarios. ¿Qué necesidad tiene el Estado de tantas frecuencias? Quizá todo ese ineficiente caos confirma que el espíritu de esta Ley nunca fue pensado para los artistas ni para democratizar la comunicación, sino controlarla, establecer la verdad única, crear un mecanismo para criminalizar la disidencia.

No niego, sin embargo, que la posibilidad de reformarla es positiva para recuperar la democracia, desmantelada en la década de la infamia. Pero hay que ser absolutamente claros en que la reforma puede ser democratizadora sólo en la medida en que se adecúe la LOC a los estándares internacionales de libertad de expresión, que nacen fundamentalmente del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las interpretaciones que la Corte Interamericana y la CIDH han hecho de ese derecho. Al menos en eso parece coincidir el flamante vicepresidente. Que esta reforma no se apruebe entre el pavo de navidad y la quema del año viejo, sino luego de una discusión responsable.

Del informe presentado para segundo debate por la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, hay mucho que discutir, aportar y fortalecer. Procuraré postural los estándares más importantes en los que habría aún que trabajar: Los funcionarios públicos, precisamente porque deciden participar de la administración pública, aceptan someterse a un nivel de escrutinio mayor al de cualquier ciudadano. El correato, para que un velo de impunidad cubriera sus actos de corrupción, intentó sobreponer el honor, la privacidad o la intimidad a este estándar. La LOC reformada debe garantizar que la prensa indague rigurosamente a todos los funcionarios.

Es preocupante que varias de las atribuciones de la nefasta Supercom se pretenda endosar a la Defensoría del Pueblo, sin considerar que siendo este un ente cuya naturaleza consiste en defender los derechos humanos, podría ser juez y parte ante los conflictos. Me temo que la mentalidad sancionadora por parte del Estado sigue estando presente, sólo que bajo una vaguedad de ambigüedades y vacíos legales que le daría a la Defensoría demasiada discrecionalidad. En una democracia, se debe fomentar el periodismo, no pretender controlarlo.

Hay que celebrar que el proyecto de Ley conforme un mecanismo de protección para periodistas que cubren temas de alto riesgo. Pero hay temas que ameritan reflexión, entre otros: La fórmula para contentar a todos, que la Comisión de Corozo encontró a fin de mantener la absurda titulación obligatoria y habilitar para el ejercicio del periodismo a quienes acrediten ante el Estado experiencia, sigue siendo inconstitucional y viola el estándar de la Corte Interamericana. Espero que al menos la rectificación y réplica se adecue a los estándares, para que sean un derecho ante informaciones inexactas, no mecanismos para crear un clima de miedo, autocensura, hostigamiento e insultos a medios y periodistas. En esto no puede haber ambigüedades. Es preciso que la Ley defienda el derecho a opinar libremente, lo cual es característica de una sociedad vigorosamente libre. También pienso que la publicidad del Estado debe ser proporcional y jamás discrecional, para que no sea premio a medios leales y castigo a infieles. (O)