A pesar de la enorme importancia de la actividad agraria, fundamental en la creación de empleos, en la generación de divisas por exportaciones y aporte al producto interno bruto de más del 20% (incluyendo agroindustria, logísticas y servicios como debe ser), hemos de convenir adolece del respaldo político que se merece, manifestado en la ausencia casi total de elementos vinculados con el campo que actúen en el Legislativo y, poco o casi nada, en los estratos del Ejecutivo, exceptuando los últimos meses en que el ministerio del ramo es liderado por un profesional del área y reconocido agricultor, no así la banca de desarrollo agrícola bajo la dirección de neófitos en la materia.

Necesariamente la agricultura debe tener voceros calificados en todos los organismos públicos y muy especialmente en los encargados de la elaboración de las leyes, así como en los entes autónomos descentralizados, cuya ley asigna muchas competencias vinculadas con el porvenir del sector. Corresponde a los partidos y movimientos escoger candidaturas que, en cumplimiento de sus mandatos, defiendan las causas agropecuarias, identificadas con el interés nacional.

Los planes y aspiraciones agrarias no son exclusivos de la cartera de Agricultura, están estrictamente relacionados con otros estratos públicos que deben trabajar en consonancia y responder a sus necesidades. La falta de unidad de objetivos aflora, por ejemplo, en la ineficacia estatal que allanó el camino a la Unión Europea para imponer una barrera no arancelaria al acceso del chocolate y, obviamente, para el grano de cacao, constante en la Resolución Nº 488/2014, claro obstáculo comercial al ingreso de esos productos de origen latinoamericano, increíblemente concretada a instancias de propios oficiales ecuatorianos.

Para desmontar tamaña injusticia, que presenta al chocolate como nocivo para la salud humana por un supuesto alto contenido de cadmio, afirmación que no se sustenta en investigaciones científicas, se requerirá de una gran movilización pública liderada por la Cancillería y todo su equipo de funcionarios, en plena coordinación con los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura y absoluta aprobación del presidente de la República, desde luego asistidos por los empresarios cacaoteros, por sus gremios, que deben abandonar su acostumbrada pasividad en favor de acciones concretas y efectivas.

Otro apremiante problema que requiere convocatoria nacional es el inminente impedimento al ingreso de aceite rojo de palma a la Unión Europea, a partir del 2021, basado en argumentos ambientales que atribuyen a las plantaciones el desbroce de bosques primarios, no típico del Ecuador. Si bien es una decisión en firme, está sujeta a la aceptación de cada una de las naciones de la Unión, algunas en desacuerdo con ella, puede ser modificada o exceptuada luego de las debidas aclaraciones, conforme lo ha logrado el Estado hondureño que ha sido liberado de esa gravosa restricción, por gestión directa de su presidente.

Solo a través del respaldo político, sin límites de esfuerzos, será posible que el país y su principal actividad no sean irreversiblemente impactados con medidas que escapan a las limitadas atribuciones de las autoridades nacionales y requieren un indispensable compromiso de los más altos representantes del poder público para revertirlas. (O)