¿Delincuentes usurpadores?

10 de Diciembre, 2018
10 Dic 2018
10 de Diciembre, 2018 - 00h00
10 Dic 2018

La más reciente agresión del correato es la denuncia de usurpación de cargos, para intentar la criminalización del anterior fiscal general encargado, Paúl Pérez, y del contralor por subrogación, Pablo Celi.

El triunfo pírrico del correato es que la fiscal general actuante, doctora Ruth Palacios, encargada como lo fue Pérez, ha iniciado investigación contra los dos citados en la denuncia, tachados de ser usurpadores.

El correato los acusa de que por el ejercicio de los cargos indicados han cometido el delito de usurpación –art. 287 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)–: “La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Y esto, porque no se posesionaron ante el pleno de la Asamblea Nacional, siendo que el art. 120 de la Constitución, numeral 11, expresa que es competencia suya  “posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.

Léase bien: máxima autoridad, o sea a los que se designa como titulares, previo proceso de exámenes y otros pasos formales, lo que aún no se ha cumplido, para el caso de la Fiscalía, porque cuando fue separado el fiscal general designado en el correato, el Consejo de Participación transitorio sólo le encargó la función al doctor Paúl Pérez, y, al haber renunciado este, se le hizo el encargo a la fiscal Ruth Palacios. El caso es similar para los superintendentes y otros funcionarios que solo están encargados.

De dársele procedencia a la denuncia del correato, “delincuente usurpador” no sólo sería el exfiscal Pérez, sino todos los designados por el Consejo de Participación transitorio, para la transición, incluyendo la propia fiscal actuante, arrastrando la invalidez de todo lo actuado por tales funcionarios encargados.

Y la autoría intelectual sería del Consejo presidido por Julio César Trujillo, cuyos miembros deberían ser procesados.

También tendrían responsabilidad penal el presidente Lenín Moreno y todos los asambleístas, ministros y otros, que han trabajado con los funcionarios actuantes.

Un terrible caos institucional, de invalidez de todo persigue el correato.

 

El caso del contralor

Pablo Celi está en el cargo por el art. 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: “El Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. (…) Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución y aquellas que le sean delegadas por el Contralor General. Subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular”.

Separado el contralor Carlos Pólit, y procesado penalmente, automáticamente el subcontralor, Pablo Celi, asumió el cargo, “hasta la designación del nuevo titular”.

Léase bien, “subrogación por ausencia definitiva”. No requería posesionarse ante la Asamblea Nacional.

 

¿Qué hacer con la denuncia?

En delitos de acción pública, conforme lo señala el art. 411 del COIP, la Fiscalía solo ejercerá la acción pública “cuando tenga elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal, cuando: 1. Se pueda aplicar el principio de oportunidad: y, 2. Se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas”.

La fiscal actuante pudo abstenerse de iniciar investigación penal, contra Pérez y Celi, porque es evidente, por la sola lectura del texto constitucional, que no hay la usurpación denunciada. El contralor, para la subrogación, no tenía que posesionarse en la Asamblea. El fiscal Pérez, la propia fiscal actuante, los superintendentes y otros solo encargados, al no ser titulares, no tenían que posesionarse ante la Asamblea.

En el caso, ya se abrió la investigación penal, por lo tanto la fiscal actuante debería cerrarla y desestimar la denuncia, cumpliendo todos los pasos de Ley.

 

¿Por qué hace esto el correato?

Para intentar deslegitimar lo que actúe el Consejo de Participación transitorio, la Contraloría y la Fiscalía.

Para crear temores –en fiscales y jueces– del riesgo de ser procesados si investigan y sancionan la corrupción del correato.

Para que el Ecuador del poscorreato sea ingobernable.

Y además es parte de la misma campaña que, en el ámbito internacional, intenta posicionar la idea de que todo proceso contra Lula, Cristina Kirchner, Correa, sólo responde a persecución política.

 

Los diezmos

Fue una práctica del correato. En el caso del IESS, fue con débitos en el rol de pagos, porque a quienes ingresaban a trabajar les hacían firmar la autorización de débito. También se registra reclutamiento de personas que debían acudir a los cambios de guardia de los lunes, en la Plaza Grande, en apoyo a Correa.

En cuantía, los diezmos aparecen como raterías, en relación con otros atracos de mayor cuantía.

Pero, marcan la degeneración del correato.

 

Aciertos políticos

Con la reciente designación de ministros y otros altos funcionarios –lunes 3 de diciembre– se han generado expectativas positivas.

La terna para Vicepresidente es de profesionales jóvenes, destacados por formación y trabajo, en sus ámbitos de acción, pero sin experiencias de administración pública ni protagonismo político anterior. ¿Bueno o malo esto? Podría haber argumentos en pro y en contra.

Si Moreno colocaba en la terna a actores políticos, muchos habrían pensado: “está de ida, designando al sucesor”. Quien sea designado que sume su aporte a la gestión de gobierno. Esto quiere el Ecuador.

La gran deuda de Moreno es pasar de su habilidad política a decisiones económicas prontas y oportunas. Es angustiosa la situación. (O)

 

El triunfo pírrico que proclama el correato ha sido que la Fiscal General actuante, doctora Ruth Palacios, tan encargada como Pérez, ha iniciado investigación contra los “sospechosos” de ser “usurpadores”.

 

¿Delincuentes usurpadores?
¿Delincuentes usurpadores?
2018-12-10T00:00:57-05:00
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