Hace pocos días escuché una entrevista que le hizo una radio capitalina al capitán de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Diego Peñaherrera Ortega desde México, lugar de su actual residencia. El capitán relató el drama que había vivido cuando cumplía funciones de seguridad en Carondelet, caso sui generis que trascendió los muros silentes del Palacio de Gobierno.

Peñaherrera habló de retaliaciones de carácter político y no profesional que había sufrido, especialmente del mando de la FAE de ese entonces. Cómo puede haber en una institución como la militar, regida por leyes y reglamentos rigurosos, “retaliaciones políticas”, absurdo e insólito. En las instituciones jerarquizadas, como la militar, quienes ejercen el mando están dotados de dos tipos de autoridad: la legal, que está dada por su grado o función, otorgada de acuerdo con leyes y reglamentos, y la más importante, la autoridad moral, que está dada por la forma de ejercer el mando, es decir, la recta moral, el ejemplo, la ecuanimidad, el sacrificio, la justicia, entre otros atributos que hacen un buen comandante, es decir, un líder admirado, respetado y querido, por lo tanto, sus subordinados tienen fe en su comandante, sobre todo por su lealtad, especialmente con sus subordinados, atributo fundamental en quien ejerce mando de tropas, el cual permite que los hombres que están bajo su mando lleguen hasta el sacrificio de dar la vida.

En enero de 2007, el capitán Peñaherrera fue designando al grupo de seguridad presidencial y por un año y medio fue jefe del equipo de seguridad de la primera dama Anne Malherbe, esposa del expresidente Rafael Correa. El capitán fue relevado de estas funciones abruptamente y “dado el pase” al Centro de Operaciones 2 en la ciudad del Tena. El inexplicable “pase al Oriente” se consideraba como un castigo.

El capitán Peñaherrera oportunamente denunció que “era víctima de una persecución mediática, abuso de autoridad, acoso laboral y violación a sus derechos humanos por parte del mando de la FAE; de sorpresivos pases a distintas unidades militares sin respetar los dos años en funciones que establece la Ley de Personal de las FF.AA.”; además “de haber sido excluido del curso de ascenso y no haberle permitido realizar cursos de salto dentro y fuera del país”, el mencionado oficial era comando-paracaidista de la FAE.

Como si las persecuciones y retaliaciones que sufrió fueran pocas, el oficial fue enjuiciado por supuestas “irregularidades” cometidas durante una práctica de tiro, ejercicio en que había utilizado unas cuantas municiones de pistola, por este motivo fue acusado como autor del delito de destrucción o inutilización de bienes destinados a la seguridad pública o a la defensa nacional.

Por último, el Consejo de Oficiales Subalternos de la FAE, por los “supuestos” delitos cometidos por el capitán Peñaherrera, decidió ponerlo en disponibilidad y luego fue dado de baja.

Este caso requiere aclararse, al igual que el asesinato del general Gabela, la compra de los helicópteros Dhruv, de los 10.000 fusiles AK47 chinos, de los ascensos ilegales, etc., y que los responsables sean sancionados con el rigor de la ley. (O)