Después de su estrepitoso fracaso en la misión que le encomendó el Consejo de Participación transitorio, por delegación del pueblo del Ecuador, expresada en referéndum, y que consistía en evaluar a los jueces de la Función Judicial y reorganizarla, y luego de que se le retiraron esas facultades trascendentales para la institucionalización del país, el Consejo de la Judicatura se ha dedicado a emplear en algo su tiempo y ha dictado en estos días unos Códigos de Conducta y Ética Judicial. Los aprobó el jueves y los derogó el viernes. La protesta generalizada de los colegios de abogados, y de la vocal, doctora Porras, lo obligó a ello; y es que el Código de Conducta era una suerte de catecismo que pretendía regular lo que no es regulable, porque pertenece a la órbita privada, como la prohibición infantil de que cliente y abogado pudieran tener, eventualmente, relaciones sexuales. Cuando fracasó en su misión, con el lamentable espectáculo de acusaciones y agresiones personales, todos sus vocales debieron renunciar y dejarle al Consejo de Participación en libertad de designar una nueva Judicatura transitoria que realizara lo que ellos no pudieron. Se perdió una oportunidad dorada para reorganizar la cuestionada Función Judicial.

Para aumentar el desconcierto, el fiscal general encargado, designado, asimismo, por el Consejo de Participación, ha renunciado alegando motivos personales, o diciendo que quiere regresar a su tierra, como afirma el doctor Trujillo. El fiscal, siguiendo la ruta de la seda como Marco Polo, partió a descubrir la ruta de los dineros robados en los contratos con China. Tal vez descubrió la ruta y se asustó de las consecuencias personales que eso podría ocasionarle; no es creíble que el fiscal emprenda un viaje tan largo y costoso, para una misión trascendental, y renuncie al regresar. ¿Qué presiones recibió el fiscal? ¿Se consideró inconveniente una investigación de los contratos con China en momentos en que se quieren obtener nuevos préstamos de esta potencia, de la que seguimos dependiendo?

Esto en la justicia interna, pero, ahora, nos vemos envueltos en un gravísimo asunto judicial internacional: una acusación contra Assange formulada por la justicia de Estados Unidos. Esto nos envolvería en un conflicto con la primera potencia del mundo, de cuyo mercado dependen nuestras exportaciones agrícolas y petroleras. El asilo debe ser revocado, de inmediato, antes de que se agraven las cosas. Además, Gran Bretaña se ha comprometido a no extraditar a Assange a Estados Unidos. Es probable que las acusaciones contra Assange incluyan actos del asilado realizados en la Embajada ecuatoriana, como los de intromisión en la campaña electoral norteamericana, en colaboración con Rusia, lo que, eventualmente, podría convertirnos en encubridores. Nadie resuelve nada, se dejan ultrajar por el asilado que los acusa de débiles, aceptan que Assange los demande en defensa de su gato. Esta travesura tiene que terminar; si es un problema heredado, pues hay que rechazar la herencia. No quiero pensar que los funcionarios no actúan porque temen desagradar a la canciller que regaló la nacionalidad ecuatoriana. El Gobierno debe concluir esta ridícula y peligrosa aventura que nos avergüenza; debería actuar pensando y sintiendo al Ecuador. (O)