Sin tener una cuenta en un banco incautado por el Estado me llamaron a mi teléfono celular para ofrecerme la tarjeta de crédito que ese banco opera; les dije que no me interesaba, pero insistieron en enviármela diciendo que solo se activaba si hacía algún consumo.

Cuando me fueron a entregar la tarjeta a mi casa, el mensajero dijo, “firme aquí el recibido”.

Ahora que yo estoy tratando de hacer un préstamo hipotecario con el Biess, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, resulta que estoy en el Buró de Crédito por una deuda con esta tarjeta.

Fui al banco operador de la tarjeta y me indicaron que fue dada de baja por no uso, ya que ni siquiera pedí la clave.

Resulta que la deuda es por el servicio de asistencia de la empresa GEA.

Me han cargado de oficina en oficina, me mandaron a volver después de quince días porque había muchos reclamos por cobros indebidos y al cabo de ese plazo me dicen que yo tengo que pagarle a la tarjeta (que está deshabilitada porque nunca la usé) esa deuda de servicio de asistencia que nunca solicité, que no autoricé (porque a mí me dijeron que firme el recibido de la tarjeta de crédito y no me informaron nada más) y que nunca he usado.

Son como $ 300 de la deuda y como $ 200 de los intereses y la mora.

Aquí se ve claramente que el banco incautado por el Estado, mediante la tarjeta de crédito que opera, se presta para que una empresa de servicio de asistencia se cuele y haga cobros por servicios que ciudadanos incautos nunca llegan a utilizar.

He leído en la prensa que la Superintendencia de Bancos se quiere desentender de este asunto, pero es evidente que los bancos operadores de las tarjetas de crédito están involucrados. Y deben frenar esto.(O)

Ramón Santana Menéndez, Guayaquil