Estas semanas últimas hemos presenciado el triste espectáculo de ministros aduciendo no tener responsabilidad en la fuga del exsecretario de Comunicación, Alvarado. Como de costumbre, se hizo responsables a los funcionarios de los mandos medios, como si todos hubieran proporcionado la llave con la que el portador pudo librarse del grillete. El país recuerda que a lo largo de su historia había un solo ministro, llámeselo de Gobierno o del Interior, responsable de la política, de la policía, de la justicia; hoy, esas funciones están a cargo de tres ministerios, lo que resta eficacia y diluye responsabilidades. Mencionemos que la intuición ciudadana sospecha que la responsabilidad recae en niveles más altos que el de los funcionarios medios que fueron cancelados.

Esto de las fugas obliga a otras consideraciones relativas a los procesos de extradición y a los posibles asilos que pudieran conceder diversos países. Para enfrentar esos escenarios hace falta que el Gobierno tenga actitudes coherentes, políticas claras, sobre estas materias. En el caso Alvarado, al parecer, no se conoce en qué país se encuentra, y, menos, si el prófugo ha solicitado asilo a algún gobierno. La Cancillería ha lanzado una campaña diplomática para prevenir que otros estados concedan asilo a Alvarado, alegando que el proceso legal en su contra es por delitos comunes. El riesgo radica que en este caso, como, también, en el de Correa, cuando demandemos su extradición a un Estado, este recuerde que Ecuador concedió asilo diplomático en Londres a un ciudadano australiano cuya extradición había sido requerida al Reino Unido por Suecia, fundada en una acusación por violación presentada por unas señoritas suecas en contra de Assange; es decir, por un delito común.

El caso trascendental, por supuesto, es el de la extradición de Correa, quien ya habría solicitado asilo al gobierno de Bélgica. Fue el gobierno de Correa el que concedió asilo a Assange, fundado en la alegación de este de que si era extraditado a Suecia, luego podría ser extraditado a Estados Unidos, donde existe la pena de muerte. Ese fue el motivo principal alegado para conceder asilo al australiano. Esa fue una decisión de Correa, ejecutada por su canciller Patiño, pero esa decisión no solo fue ratificada por el presidente Moreno, sino que su canciller Espinosa le concedió a Assange, además, ilegalmente, la nacionalidad ecuatoriana, la cual, hasta ahora, no se la revoca, a pesar del clamor ciudadano. El Gobierno del Reino Unido ya se ha comprometido a no extraditarlo a un país en el que exista la pena de muerte. El Reino Unido ha expresado que Assange ya solo tendrá que cumplir una pena leve por haber evadido su libertad condicional al refugiarse en la Embajada del Ecuador. No existiendo ya el pretexto para el asilo, debería terminárselo inmediatamente. Así, el Ecuador podrá oponerse, coherentemente, al asilo de Correa y demandar la extradición de piezas menores como Alvarado y el exsecretario de Inteligencia.

La coherencia en la defensa de tesis le hace a un Estado fuerte, respetable. No es coherente conceder asilo por delitos comunes y oponerse a otros de la misma naturaleza. (O)