Desde la llegada de Lenín Moreno al poder en mayo de 2017, el Ecuador ha dado fuertes pasos hacia el retorno democrático, sin lugar a dudas.

Como lo dije varias veces en esta columna, y especialmente durante la dictadura de la revolución ciudadana, descorreizar el Ecuador no solo pasa por devolverle al Estado sus instituciones democráticas que fueron captadas por el caudillo, y especialmente, dotarlas de la necesaria independencia, sino además, que los ciudadanos actuemos en consecuencia con dicha institucionalidad e independencia de poderes.

Lo primero, poco a poco lo ha ido consiguiendo el actual Gobierno, y particularmente, a partir de la consulta popular de febrero, a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Sin embargo,  lo veremos en su real dimensión a raíz de la designación de las autoridades de control definitivas y con énfasis en la elección de la Corte Constitucional, que por el perfil de los 27 postulantes parecen soplar buenos vientos para el futuro del control constitucional del Ecuador.

Pero lo que este Gobierno, la Asamblea, las fuerzas políticas y las nuevas autoridades de los poderes del Estado hagan para devolver la anhelada institucionalidad democrática al país, no será suficiente si desde la ciudadanía no existe un cambio de comportamiento frente al Estado.

Si, en tiempos del correato, todo se resolvía en el palacio, en las sabatinas, en los gabinetes itinerantes, en los monólogos de los martes o incluso desde la cuenta de Twitter del supremo, y por ello, las demandas ciudadanas terminaban en esos escenarios, las marchas terminaban en el balcón presidencial y las delegaciones empresariales en la antesala de Presidencia; pero así también, el descalabro económico y la persecución institucionalizada terminaron golpeando y apuntando en ese mismo sentido.

Pero hoy, no tiene sentido que todo lo que ocurre en el país, los éxitos y fracasos de las instituciones del Estado, le sean atribuidas a Lenín Moreno.

Como tampoco tiene sentido que ciudadanos, actores políticos e incluso dirigentes gremiales sigan demandando del Ejecutivo acciones que corresponden a otras funciones del Estado.

No es coherente que mientras se clama por independencia de poderes, al Ejecutivo se le exijan enjuiciamientos que corresponden a la Fiscalía, a la Procuraduría o fiscalización que competen a la Contraloría o a las superintendencias.

¿Como exigir independencia a las autoridades de control si ni siquiera les reconocemos la capacidad de actuar según sus competencias, sino por el contrario, empoderamos al Ejecutivo en tareas que no le competen?  

Lo peor es que esta situación ocurre no solo con ciudadanos que se pronuncian a través de las redes sociales o medios de comunicación, sino también con dirigentes políticos, asambleístas, directivos gremiales y hasta periodistas que siguen pidiendo al Ejecutivo la solución de todos los males de la república.

No pretendo en esta columna disculpar al Gobierno de sus errores ni exaltar sus aciertos, sino simplemente hacer un llamado de atención al respecto, porque la fortaleza de las instituciones democráticas radica también en el vigoroso ejercicio que los ciudadanos hagamos de la ley, en demanda de las obligaciones que el Estado tiene para con su pueblo a través de las instituciones competentes. Es nuestro derecho y obligación, a la vez. (O)