En entrevista concedida a Diario EL UNIVERSO, publicada el 1 de noviembre último, sobre la concesión de la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange y su asilo, el procurador formula algunas apreciaciones que no son aceptables. Cuando la periodista le pregunta “¿Cuáles fueron las irregularidades cometidas al momento de naturalizar a Julian Assange?, el procurador responde: “Me arriesgo a decir que a lo mejor la naturalización del señor Assange no fue irregular…”. Un procurador del Estado, sobre materias legales, solamente puede afirmar si un acto o contrato es legal o no. Para eso existe la Procuraduría; es una materia que debió haberla estudiado a la saciedad para comparecer a la respectiva audiencia en la demanda planteada por Assange contra el Estado del Ecuador; debió saber si contestaba a un ecuatoriano legal o ilegalmente naturalizado. En todo juicio, lo primero que un abogado hace es estudiar la legitimidad de personería del contrario. No queremos que el procurador tome riesgos innecesarios, pero no queremos respuestas ambiguas, como esta de decir “a lo mejor”, queremos que responda categóricamente si el procedimiento fue y es legal o ilegal. Para eso existe la Procuraduría, para emitir criterios con carácter vinculante sobre la inteligencia y aplicación de la ley. Según lo establece la Constitución de la República, en el numeral 4 del artículo 237, el procurador debe “Controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público”. Esta función de controlar la legalidad le corresponde al procurador, no al contralor, como ahora se pretende, sin perjuicio de lo que le corresponda a este último en su materia. Las fiscalizaciones de la Asamblea Nacional y de la Contraloría son de naturaleza distinta y no le relevan al procurador de su obligación constitucional.

... no queremos respuestas ambiguas, como esta de decir “a lo mejor”, queremos que responda categóricamente si el procedimiento fue y es legal o ilegal. Para eso existe la Procuraduría, para emitir criterios con carácter vinculante sobre la inteligencia y aplicación de la ley.

Por el procurador nos enteramos de que el Ecuador se ha dado el trabajo de negociar con el Reino Unido, el cual se ha comprometido a no extraditar a Assange a un país donde exista pena de muerte, es decir, Estados Unidos; que solamente va a estar preso, en el Reino Unido, en el peor de los casos, por seis meses. Si el asilo le fue concedido a Assange por el temor de este a ser extraditado a Estados Unidos, eliminado ese temor, por la garantía del Reino Unido, no hay razón para el asilo, hay que cancelarlo y ni siquiera hace falta cancelarlo porque Assange ya renunció al asilo en diciembre pasado, vísperas de recibir la naturalización de ecuatoriano, en esa operación fallida de la excanciller para acreditarlo como diplomático ante el Reino Unido, primero, y, luego ante Rusia.

En el juicio, luego del insulto anterior de “insignificante” al Ecuador, Assange calificó al Gobierno de “débil”; solamente en esto estoy de acuerdo con Assange, es un gobierno débil el que admite ser demandado por el asilado sin cancelarle el asilo; el que no se atreve a anular la naturalización ilegalmente concedida. Por la notoriedad del personaje, esa impresión de debilidad debe existir en los gobiernos y los ciudadanos del mundo. ¡Hay que rectificar y concluir enérgica, radical, inmediatamente, este vergonzoso asunto! (O)