La fuga de Fernando Alvarado Espinel, quien se despojó del grillete, reactivó las alertas sobre las fallas de esos dispositivos electrónicos de vigilancia, que ya se habían dado por parte de los operadores del sistema y del Consejo de la Judicatura transitorio.

A la facilidad de retirarse el aparato se suma la falta de una amplia cobertura de red que permita rastrear los grilletes y su aparente mala calidad. Hasta septiembre, de los 4.000 dispositivos adquiridos, 1.024 se encontraban dañados. La entonces viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, el 26 de septiembre, explicó ante la Comisión de Justicia de la Asamblea que “la mayoría de esos aparatos están dañados por el mal uso de los usuarios... y por las desinstalaciones”.

Según un informe de Contraloría, “no se cumplió con el objetivo del contrato” que el Ministerio de Justicia firmó con la empresa China National Electronics Import & Export Corporation en 2016, por $ 13,7 millones.

Es importante dilucidar si los grilletes son confiables para rastrear a las personas procesadas por delitos y para quienes cumplen su sentencia bajo un régimen de libertad controlada o si ha habido mal manejo del sistema. En cualquier caso, las personas que conocían de las fallas deberán responder por sus acciones u omisiones. (O)