Durante el mes de septiembre de este año más de una tonelada de droga fue decomisada dentro de la sección de servicios contraincendios de la Base Aérea de Manta, perteneciente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Posteriormente fuimos testigos del allanamiento a recintos militares por la supuesta venta de municiones a un grupo guerrillero. Tan grave fue lo sucedido que el presidente Moreno dijo en su cuenta de Twitter: “No permitiremos que la narco-guerrilla contamine a nuestras FF.AA. Quienes estén involucrados en la supuesta venta de armas deberán responder a la justicia. ¡No habrá impunidad para aquellos que traicionan a la Patria!”.

Ni bien salíamos del estupor de este lamentable hecho fuimos informados por las redes sociales cómo gente desalmada hacía justicia con mano propia, asesinando vil y salvajemente a tres presuntos delincuentes que habían sido detenidos por la Policía local para fines de investigación.

Si a todas estas situaciones le sumamos que tenemos un Gobierno agobiado con un déficit fiscal que superará los cuatro mil millones de dólares y que además no tiene dinero para poder pagar sueldos para este fin de año, ni tampoco las deudas con prestadores de salud y otro tipo de contratistas, la pregunta que fluye es: ¿estamos en presencia de un Estado fallido?

Según Miguel Alonso Berrio, el Estado fallido es aquel que: “carece de la capacidad de generar lealtad –derecho a gobernar–, de dotarse de los recursos necesarios para gobernar y proporcionar servicios, de mantener el elemento esencial de la soberanía consistente en el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza dentro de sus límites territoriales, y de actuar dentro del contexto de un consenso basado en una comunidad política”.

Debe existir el necesario acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el futuro del país y para el establecimiento de un sistema político legítimo (los excorreístas no pueden seguir siendo parte de este Gobierno).

Ahora bien, ¿es esta la situación del Ecuador de hoy? Por el momento parecería que no; sin embargo, los hechos relatados dan cuenta cuando menos de una crisis de gobernabilidad. Frente a esta tesitura, ¿qué debemos hacer para salir de esta situación de inestabilidad política y económica? Este mismo autor nos señala algunos caminos: el primero, la negociación política: debe existir el necesario acuerdo entre las fuerzas políticas sobre el futuro del país y para el establecimiento de un sistema político legítimo (los excorreístas no pueden seguir siendo parte de este Gobierno). En segundo lugar, debe buscarse de forma inmediata la pacificación del territorio nacional; y, como tercer paso, conseguir el desarrollo institucional del Estado a través de una administración pública eficiente, fortaleciendo la sociedad civil y fundando una economía viable.

Está claro que el presidente Moreno no puede seguir transitando por los caminos de los paños tibios ni los cálculos políticos ad-portas de las elecciones seccionales del próximo año. Debe, lo antes posible: limpiar su entorno más cercano librándose de los excorreístas, adoptar medidas económicas urgentes que apunten a una inmediata y efectiva reducción del gasto corriente y finalmente proponer una reforma constitucional del Estado que nos permita enterrar los horrores que contiene la Constitución de Montecristi y por qué no, pensar seriamente en un nuevo sistema de gobierno. El centralismo ha sido sin duda uno de los factores que ha coadyuvado al descontrol administrativo, el derroche financiero y a la falta de equidad en la distribución de los recursos públicos.

* Catedrático de Ordenamiento Territorial. (O)