En el libro La guerra secreta del petróleo, escrito en 1968, cuentan sus autores, Jacques Bergier y Bernard Thomas, que la transnacional Texaco era el feudo de los grandes barones petroleros de Texas, vinculados con el presidente Lyndon Johnson. Era una de las siete compañías petroleras calificadas como hermanas por haberse coaligado para reducir o eliminar la competencia y controlar el mercado a fin de obtener mayores beneficios, lo que no impidió que a veces instiguen conflictos entre estados, como ocurrió, por ejemplo, en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay y en la de Ecuador con Perú, con los mismos actores corporativos, según denunció Jaime Galarza en su libro El festín del petróleo, publicado en 1972.

La Standard Oil de California se convirtió en Chevron. Texaco se fusionó con Chevron. Y la mayor parte de Gulf se convirtió en Chevron, pasando esta a ser una superhermana, que el 2009, acorde con la revista Fortune, fue la quinta empresa con mayor caudal monetario mundial. Está presente en 180 países, participa en todos los aspectos de las industrias del petróleo, gas natural y energía geotérmica. Del 2005 al 2017 su menor ingreso anual fue de $ 138.477 millones y el mayor $ 241.909 millones. Ha dado $ 15 millones para cabildeos desde el 2011, y el 2012 pagó $ 2’500.000 a los republicanos del Congreso. Condoleeza Rice, asesora de seguridad nacional del presidente Bush, fue miembro de la junta directiva. Los poderes económico y político se abrazan fraternalmente.

Al consorcio Texaco-Gulf el Gobierno ecuatoriano le sirvió un suculento plato en 1964: 1’431.450 hectáreas en el Oriente, con condiciones lesivas para el dueño del recurso natural, que tuvo una mínima participación en la renta petrolera. Las compañías gozaron de exoneración de impuestos, no solo en la fase de exploración del crudo, sino de la explotación. Un año después engulló el dinosaurio una concesión otorgada a otra compañía, de 4’350.000 has. Dice Galarza en el libro citado, que el dinosaurio apostó al candidato presidencial perdedor en 1968, el socialcristiano Camilo Ponce y que desató una campaña contra Velasco, el presidente electo, que había anunciado la revisión de los contratos petroleros y le puso el letrero de comunista. El régimen le exige la devolución de una parte del área concedida y la multinacional arremete otra vez contra el caudillo, acusándolo de atentar contra su derecho de propiedad, la intangibilidad de los contratos, etc. El Gobierno no cede. O devuelve o se va y se revisa el contrato, mejorando algo las cosas para el país, pero manteniendo en esencia los privilegios del consorcio, que podía usar gratuitamente el agua, gas, madera, que hubiere en las áreas concesionadas, exportar libremente, al precio que quisiera. El negocio era estupendo: en 1971, de 52 pozos perforados, 48 producían. Se crea CEPE para explotar el petróleo, que, como producto de la recién dictada Ley de Hidrocarburos, adquiere acciones en el consorcio, vende las suyas Gulf, quedando el ente estatal como socio mayoritario y Texaco siguió siendo la operadora, que terminó sus actividades en 1992.

Se afirma que como producto de su acción nefasta los pueblos ancestrales tetetes y sansahuaris desaparecieron y otros migraron.

Texaco se llevó mucho dinero de aquí y nos dejó una herencia funesta: por ahorrar costos que no escatimó en su país de origen, evidenciando una total desidia de nuestros gobiernos, que no vigilaron sus actividades, en vez de reinyectar el agua tóxica en los pozos, la echó a las piscinas sin impermeabilizarlas y contaminó ríos, lagunas y esteros y arrojó el crudo en carreteras. El perjuicio, según se comprobó pericialmente en el juicio propuesto por los afectados, fue de 7’392.000 m³. Se afirma que como producto de su acción nefasta los pueblos ancestrales tetetes y sansahuaris desaparecieron y otros migraron. Sostienen los amazónicos que han muerto de cáncer en proporciones superiores al resto del país, teniendo en Sucumbíos el índice más alto de esa enfermedad, mientras el representante de Chevron, que absorbió a Texaco, manifiesta que es la menor. Los ecuatorianos sabemos a quién creerle, a aquellos que sufren dolores de estómago y afecciones a la piel, que carecen de tierras para cultivar, se bañan en aguas contaminadas y la beben, encuentran petróleo a pocos metros de la superficie.

Mas, no únicamente en Ecuador Chevron ha causado daño. En Nigeria también inficionó el ambiente, donde transportó en helicópteros a soldados que dispararon contra los activistas que protestaban contra sus operaciones, por lo cual fue procesada en Estados Unidos de América y absuelta. En Angola fue multada por derrames de petróleo. En su propio país violó en California la Ley de Aire Limpio y en su refinería de Richmond pagó multas por eludir los tratamientos de agua y no notificar al público sobre emisiones tóxicas, no proporcionó equipos de protección a sus trabajadores y en una explosión se afectaron cientos de residentes de esa ciudad y miles en otro accidente, habiendo decidido el cabildo demandar a la compañía por años de negligencia. En Brasil pagó $130’000.000 de multa por un derrame de petróleo. En Australia fue obligada a pagar $226’000.000 de impuestos, que pretendió evadir con trampas.

En la segunda parte veremos otro tipo de contaminaciones irrogadas a Ecuador por Chevron, que amenazan el bienestar de toda la nación.
(O)