En un hecho sin precedentes para nuestra Cancillería, y luego de ocasionar varias situaciones que comprometieron nuestras relaciones internacionales con otros países, ahora el fundador de WikiLeaks y asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, Julian Assange, demanda al Estado por “amordazamiento” y vulneración de derechos.

Causaría risa si no fuera un asunto serio. Assange no quiere acatar las normas de convivencia de quien lo protege y por eso lo demanda. Si esto parece inverosímil, cabe preguntarse qué alcances habría tenido Assange como diplomático (la anterior canciller María Fernanda Espinosa, en enero, confirmó que se le había concedido la nacionalidad ecuatoriana a Assange, para otorgarle la designación especial diplomática de ‘consejero en la Embajada de Ecuador en Moscú’, estatus que no reconoció el Gobierno de Reino Unido).

Ahora que se ha animado a demandar al Estado ecuatoriano, hay motivo para anularle la naturalización y aceptar la carta del 4 de diciembre de 2017, en la que Assange renunció al asilo.

Que fue un “problema heredado”, que “causa molestias” aceptó el presidente. ¿A cuenta de qué Assange se permite acarrearle molestias a Ecuador? ¿A cuenta de qué Ecuador las resiste? (O)