El linchamiento de tres personas a manos de una turba enardecida en Posorja no puede quedar en la impunidad; anarquía, caos, justicia jamás pueden entronizarse en una sociedad civilizada sujeta a un orden jurídico de respeto a los derechos humanos, derivado de convenios internacionales de los cuales el país es signatario.

El mismo derecho que tiene la víctima de cualquier delito para que se imponga una pena a quien se lo causó, lo tiene el infractor para acceder a un juicio justo bajo las reglas internacionales del debido proceso y respeto a su integridad personal; reglas que deben ser respetadas por todos, entre las que se cuenta que una persona sea considerada culpable únicamente cuando exista sentencia ejecutoriada en su contra, y a la cual debe preceder un juzgamiento en el que haya quedado probada más allá de toda duda razonable, su responsabilidad; antes de ello, goza de la presunción de inocencia por mandato constitucional y debe ser tratada como tal por todos. Es que de no activarse a la brevedad la acción punitiva estatal tendente a establecer responsables en este asesinato y lograrse su juzgamiento, se estaría abriendo camino para que en lo posterior, con justo derecho y fundamento en abundante jurisprudencia internacional al respecto, familias de fallecidos puedan llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado podría llegar a ser declarado responsable de haber violado los derechos humanos de los fallecidos (integridad personal, falta de acceso a garantías judiciales, derecho de familiares a conocer la verdad y sus responsables) y más aspectos enfocados en la Convención Americana de DD.HH. Reflexionemos, cómo un falso rumor propagado y unas ínfulas de justicieros en masa, pueden llevarnos a ejecutar sentencia de muerte a otras personas; sentencia de mano propia que seguramente de por vida taladrará las conciencias de quienes la ejecutaron.(O)

Juan Segundo Martínez Loor, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil