Como siempre, tenía que ser por la prensa que llegamos a enterarnos con verdadero estupor que 22 exmandatarios (o sus herederos cuando esta gente ha fallecido) gozan de pensiones estatales que van desde los $ 2.500 hasta los $4.226,25; sumas exorbitantes si las comparamos con los $380 mensuales que gana nuestro desheredado pueblo cuando por suerte logra conseguir un mísero empleo en sectores privados y públicos, o cuando existen miles de ecuatorianos que se mueren en la pobreza más extrema.

La gran mayoría de políticos son los causantes de la debacle económica que afecta a nuestra patria, a pesar de los miles y miles de millones de dólares que han entrado al país en los últimos casi 40 años, por la bonanza petrolera y el incremento de la producción agrícola.

Debería de servirles de ejemplo a esa gente, a esos privilegiados, la actitud estoica llena de honestidad del expresidente de Uruguay José Mujica, quien durante y después de haber ejercido la magistratura de su país, dona su sueldo o pensión en su mayor parte, vive en una humilde casa, tiene un auto viejo, no tiene guardaespaldas ni asistentes. Sería de desear que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (CPCCS t) solicite, aprovechando las próximas elecciones del 2019, preguntar al pueblo ecuatoriano si se debe conservarse este “privilegio” o se lo debe anular o cancelar para siempre. Para que puedan volver a confiar en la clase política los ecuatorianos y las futuras generaciones, sería maravilloso que de manera inmediata todos los beneficiarios de estas prebendas –la mayor parte de ellos son personas adineradas– renuncien en un gesto de nobleza y honestidad a estas rentas vitalicias y de herencias obligadas, en beneficio de alguna institución honesta del país que haga llegar su labor social a los más necesitados.(O)

Efraín Vásquez Landívar, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil