De todas las cosas inverosímiles que hemos visto y oído en la última década, hay una que, seguramente, será analizada, en los siglos por venir, por los tratadistas del derecho internacional, y esta es la demanda anunciada a la agencia Efe, por los abogados del señor Assange, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres, en contra del canciller del Ecuador, por haber entregado a una asambleísta información sobre el proceso de otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana a dicho asilado. Que un asilado demande al Estado ecuatoriano porque califique o no de reservados actos, documentos, de su exclusiva competencia, de su soberanía, y que no pueden ser otros que aquellos que se refieren a la seguridad nacional, es un irrespeto que merece la cancelación inmediata de la nacionalidad conferida ilegalmente. Cancelada la nacionalidad, y como el 4 de diciembre último Assange renunció al asilo, pues deberá inmediatamente abandonar el local de la Embajada. La renuncia al asilo es un acto de voluntad personal al que no puede oponerse el Estado que concede el asilo. Se notificaría de esto, previamente, al Gobierno británico. Así debería concluir esta travesura que ha afectado al honor nacional y ha estropeado la relación con países amigos. Todo lo cual debe hacerse sin perjuicio de que las autoridades competentes, la Asamblea y el poder Judicial, juzguen y, eventualmente, sancionen a los responsables del otorgamiento ilegal de la nacionalidad ecuatoriana a un hacker de documentos reservados de otros países, y, probablemente, del nuestro, y que, con la amenaza de su publicación, podría tener en jaque a algunas autoridades locales. La demanda la plantearía Assange porque, supuestamente, la Cancillería ecuatoriana ha faltado a la confidencialidad. ¡Qué ironía! ¡Quien ha hecho públicos cientos de miles de documentos reservados de otros países, reclama por violación de confidencialidad! El canciller ha manifestado que no se cumplieron los protocolos de declaración de reservado del proceso de nacionalización; entonces, no tuvieron jamás la calidad de reservados. Si el canciller no hubiese entregado la información, lo habríamos acusado de encubrimiento. Mientras estas líneas van a la prensa, probablemente la Asamblea se habrá pronunciado sobre la confidencialidad de estos documentos. Ojalá haya simplemente declarado que un trámite de naturalización no tiene jamás el carácter de reservado; el levantar la reserva, solamente, podría implicar que alguna vez tuvo el carácter de reservado. El país quiere conocer lo que se le quiere ocultar. El presidente deberá ratificar categóricamente lo actuado por el canciller y condenar y castigar el irrespeto, la audacia de Assange, aunque ello conlleve una censura implícita a quien fue su canciller por haberle concedido la nacionalidad ecuatoriana, lo que él mismo consideró poco adecuado.

La demanda la plantearía Assange porque, supuestamente, la Cancillería ecuatoriana ha faltado a la confidencialidad. ¡Qué ironía! ¡Quien ha hecho públicos cientos de miles de documentos reservados de otros países, reclama por violación de confidencialidad!

Con las nuevas acciones de Assange en la campaña electoral de los Estados Unidos, en el Brexit, en el problema catalán, se ha hecho evidente que la oficina de WikiLeaks es solamente una agencia de las oficinas de inteligencia de Rusia. No hay que olvidar que la canciller anterior quería designar a Assange en funciones diplomáticas en Moscú; que el expresidente Correa trabaja para la agencia de noticias Rusia Today. ¡Qué irresponsabilidad, haberle envuelto al Ecuador en la lucha de dos colosos. (O)