Cuando se habla de información, declarada reserva por la autoridad de un país cualquiera, se entiende, por lo menos en términos estrictamente legales, que el levantamiento de esa reserva compete a ese país y sus autoridades, facultadas para el efecto.

No entiendo en absoluto el planteamiento de Assange y su abogado Baltasar Garzón, parece que se pretende anteponer la opinión e interés de un ciudadano común, en este caso ecuatoriano, sobre las decisiones soberanas de un Estado. Quisiera que alguien me explique el alcance y las razones de esta amenaza de demanda. El Estado ecuatoriano es soberano para decidir sobre la clasificación de información generada por sus funcionarios. No es la voluntad de cualquier ciudadano la que va a imponerse a la decisión de un ministro de nuestro país; creo que eso sí sería afectar la soberanía de Ecuador.

Hay que tener cuidado en permitir este tipo de distorsiones. Assange, en estas circunstancias, es un ciudadano ecuatoriano por voluntad de alguna autoridad de nuestro país, con la cual no coincido, pero que está tomada. ¿Puede un ecuatoriano común y corriente, por ejemplo, implicado en una situación de cualquier tipo, demandar al Estado porque se hagan públicos sus antecedentes, aun que antes hayan sido declarados reservados? Me parece que esta situación se asimila a lo que conocemos como lo que dice el dicho, “los pájaros disparando a las escopetas”.

José Jalil Haas, ingeniero químico, Quito (O)