Estoy retirado de mi profesión de arquitecto, nunca me han asaltado en la calle, pero sí en la CNEL –Corporación Nacional de Electricidad– cuando me cobraron una cuenta que no es mía.

Hace 35 años construí el condominio Los Jardines en la esquina de un centro comercial de la ciudadela Kennedy en Guayaquil. Solicité a la CNEL un medidor para la bodega de construcción, el servicio duró cuatro meses, de mayo a agosto de 1985, fecha en que se entregó la obra. En la cláusula cuarta del contrato decía que el medidor no podía ser usado para otro propósito del que se contrató; terminado el uso, el medidor debió quedar inactivo, tal como lo está hasta ahora. No soy propietario ni arrendatario y no he sido consumidor del servicio eléctrico en el condominio.

Dicha Corporación Nacional, en violación a la Ley de Electrificación y a la Ley de Propiedad Horizontal, permitió a los condóminos usar el medidor a mi nombre para los servicios generales del condominio.

Esto no quedó allí, cambiaron el número del medidor, o sea que el medidor ya no era el mío, en consecuencia tampoco la cuenta; pero en el historial de la CNEL reportaron el robo de la energía eléctrica en la cuenta a nombre mío, no solo una vez, lo hicieron dos veces. Los condóminos asumieron su responsabilidad y pagaron la multa (a confesión de partes, relevo de pruebas), pero dicha entidad inexplicablemente no les retiró el medidor y los dejó seguir usándolo y acumular la deuda a mi cuenta, ¡sin que paguen un centavo por cuatro años más! Nunca me enteré de esto, solo hace un año cuando me quitaron $ 2.407,95 de mi cuenta de ahorros. Solicité los documentos de coactiva y vi que ni siquiera esto lo hicieron bien, me enjuiciaron por 51 facturas de mayo de 2012 a julio de 2016, que no existen porque en la misma depuración de la deuda contabilizan 34 facturas, y en el departamento de contabilidad dicen que son 24 facturas. Lo insólito del caso es que las 51, 34 y 24 facturas, todas suman $2.407,95, o sea el mismo valor; lo cual constituye un flagrante vicio de nulidad.

La CNEL no revierte su decisión a pesar de las evidencias presentadas, no lo hace porque burócratas de la oficina de coactivas tendrían que devolver el pequeño porcentaje que ya cobraron. El tema tiene graves presunciones de delitos como colusión, prevaricato y fraude procesal.

Esto, solo pudo ocurrir durante los 10 años de revolución ciudadana con gente de “manos limpias y corazones ardientes”.

Exhorto a la prensa, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana para que investiguen y se pueda limpiar la basura de una “revolución” de casos como este, que revelan el estado de indefensión de los ecuatorianos; no porque nuestras leyes no sirvan ni porque todos sean corruptos, sino porque el país está en ciertas manos de cierta gente descalificada moral e intelectualmente para ejercer la función pública y cuidar de nuestros intereses.(O)

Juan Antonio Orús Guerra,
arquitecto, Guayaquil