Un día le expresé al presidente Moreno: “debe tener claro que, en su entorno, están quienes le serán consecuentes, pero también los del correato que aparecen como que se distanciaron de Correa y se alinearon con usted, con cordones umbilicales que les permitan retornar a él, si le sucede algo a su salud –ojalá no se dé–, y se encuentran quienes, sin haberlo acompañado antes, creen que hay que apoyarlo, pero algunos de estos pueden ser filibusteros, que aspiran a sustituir a los del correato en los negocios del Estado”.

Lamento seguir pensando en lo que entonces dije.

El caso Universidad de Guayaquil

Fui rector de esta, desde noviembre de 1994 hasta julio del 2004. Con la participación de la comunidad universitaria, aun de los críticos, con los que nunca se perdió diálogo, y la colaboración de los gobiernos de Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, y de las administraciones municipales de Febres-Cordero y de Jaime Nebot –con algunos de los mencionados tuve severas diferencias políticas–, la Universidad que entregué a mi sucesor fue muy diferente de la que recibí.

Errores en la década que me siguió –hasta perdieron el Hospital Universitario– se usaron como pretextos para la intervención del correato en la Universidad.

Parte de las irregularidades dadas desde la intervención y que, lamentablemente, se continuaron en el rectorado de Galo Salcedo fueron materia de exámenes especiales de la Contraloría. Consecuencia de uno de estos es la sanción de destitución que se da el 17 de agosto de 2018.

El Consejo de Educación Superior, el 19 de septiembre de 2018, citando absolución de consulta al procurador general del Estado, le instruye al Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Guayaquil que acate lo resuelto por la Contraloría.

El Ministerio de Trabajo, el 26 de septiembre de 2018, registró la destitución de Salcedo.

Salcedo va a la vía contenciosa administrativa, para que se deje sin efecto la destitución, la multa y las glosas.

Pide la suspensión de lo resuelto por la Contraloría y aquí viene el procedimiento irregular en el Tribunal Contencioso Administrativo de Guayaquil. Este –al calificar la demanda– puntualiza que no puede ordenar la suspensión de la destitución, porque no tiene competencia para hacerlo, pero en el texto se expresa que esta –la destitución– al haberse presentado el recurso, está suspendida “por imperio de la ley” y otras sandeces, sin puntualizar norma alguna, porque la ley expresa lo contrario.

Salcedo y los de su entorno se han atrincherado en el Rectorado.

Los del Tribunal pueden decir que no fue un fallo que deba acatarse, pero ellos no pueden escribir, aun cuando no sea un fallo, algo evidentemente falso para menoscabar la competencia de la Contraloría.

¿Por qué coinciden la Contraloría y la Procuraduría, sobre la destitución de Salcedo, lo que acoge el CES y el Ministerio de Trabajo?

Porque el texto de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado no admite duda alguna: la destitución queda ejecutoriada por la sola decisión administrativa, una demanda en la vía contenciosa no la suspende, por texto expreso de la ley.

Antecedentes: cientos de casos.

Diferentes son las glosas, que sí se suspenden mientras se tramita el proceso en la vía contenciosa.

¿Qué van a hacer la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Nacional de la Judicatura, el CES y la Fiscalía? ¿Van a quebrarse ante el desacato que no está en fallo alguno sino en la insolencia que implica la redacción de la calificación de la demanda y en la actitud de Salcedo y su entorno?

¿Hasta cuándo algún padrino de Salcedo, en el entorno de Carondelet, que lo ha llevado dos veces a reunirse con el presidente, lo auspicia, para que se desacate lo ordenado por el Contralor? Privar de la facultad sancionadora a la Contraloría, porque a esto se estaría llegando de aceptarse el precedente, sería un homenaje al correato.

Lo de la draga para el río Guayas

El dragado, segunda fase, alrededor del islote Palmar es una oferta desde el 2015 del prefecto Jairala. El presupuesto a inicios del 2016 fue de 59,9 millones de dólares. El concurso que debía cerrarse en julio del 2016 fue declarado desierto.

Se decidió ir por contratación directa. Intervinieron personas cercanas al presidente Correa, y en diciembre del 2016 se le dio por adjudicación directa a la empresa estatal China Harbour Engineering Company, por $ 64 millones. Iba a haber un anticipo de $ 22 millones. El contrato se firmó el viernes 13 de enero de 2017.

Caído el rey y los de su entorno, en septiembre del 2017, se cayó el contrato.

El 18 de abril de 2018, por adjudicación directa, se entregó el contrato al Servicio de Dragas de la Armada Nacional, por $58,5 millones, más barato que cuando el correato. La draga –que no la tenía la Armada– se ofreció para julio del 2018.

¿Quiénes son los proveedores de la draga –con costo de millones de dólares– y cómo es la adjudicación a su favor? Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fuerza Naval y a la Prefectura del Guayas la información transparente.

Los riesgos de lavado de dinero son preocupantes en esta especie de contrato.

Que no se utilice a la Fuerza Naval como lo hizo Correa el año 2008, en Petroecuador, para pillería alguna. (O)

¿Quiénes son los proveedores de la draga –con costo de millones de dólares– y cómo es la adjudicación a su favor? Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa Nacional, a la Fuerza Naval y a la Prefectura del Guayas la información transparente.