Por: Hugo Yepes

El actual debate sobre Secretaría independiente vs. Subsecretaría de Ministerio en la rectoría del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos debería centrarse en cómo asegurar que el Ecuador reduzca realmente sus riesgos.

Para quienes la gestión de riesgos se limita a preparativos y respuesta ante desastres, el debate sobra: cuando ocurren, las FF.AA. llegan y cuando se van, es porque las necesidades básicas interrumpidas –techo, alimentación, acceso a la salud y educación– han retornado a un nivel mínimo. Pero, ¿es esto gestión de riesgos?

Un temblor fuerte, una lluvia anómala, una erupción de ceniza producen con frecuencia efectos en la infraestructura, en los servicios y en la continuidad de las actividades cotidianas. Si a la naturaleza se le pasa un poquito la mano, las consecuencias son graves.

A nivel familiar se dañan las casas que con tanto trabajo levantaron los padres, debiendo ser reconstruidas con el esfuerzo de toda la familia, tal vez durante toda otra generación; las condiciones de vida poscatástrofe ponen a las familias a empezar de nuevo, la prosperidad se esfuma, y la pobreza migra de un lugar a otro.

A nivel público, habrá infraestructura –escuelas, hospitales, etcétera– afectada que no se repondrá pronto y si se lo hace, será a costa de un hospital previsto para otro sector, o de más deuda externa que pesará en l as generaciones por venir.

La acumulación de riesgos tiene dos causas: la naturaleza desbocada y las vulnerabilidades propias: la pobreza, la marginalidad, la falta de trabajo y más condiciones estructurales de la sociedad; la falta de educación o de acceso a la información que no permite ver alternativas seguras; y, con frecuencia, la apuesta a que nada pasará.

¿Por qué actuamos como si la vulnerabilidad no fuera nuestro problema o lo fuera solo de los otros? ¿Por qué esperamos pasivamente que se materialice la siguiente catástrofe?

Los desastres ponen en evidencia la fragilidad de la institucionalidad pública y de las prácticas llamadas a prever, ordenar y normar el desarrollo del territorio, y a construir una sociedad segura, consciente del entorno en que vive.

¿Quién debe velar para superar las fragilidades de nuestra sociedad? Ni las FF.AA. ni los organismos de socorro son los llamados. No es su trabajo asegurar que los bienes públicos y privados, y los medios de vida de la gente se preserven. Están para responder inmediata y eficientemente.

Son las entidades del desarrollo socioeconómico –educación, salud, empleo, vivienda, infraestructura– las llamadas a identificar los riesgos, a disminuirlos o eliminarlos y a buscar la utopía que los encargados de la seguridad y respuesta no acudan en auxilio, porque se han eliminado las condiciones que desembocan en catástrofes.

Más educación lleva a más organización para exigir y autoexigirse a deconstruir las vulnerabilidades, a alcanzar resistencias crecientes frente al impacto de los fenómenos naturales. (O)

* Investigador del Instituto Geofísico EPN.